El Senado de la República aprobó por unanimidad la llamada “Ley Silla”, una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que garantiza el derecho de las y los trabajadores a tomar descansos sentados en sillas con respaldo durante su jornada laboral. Esta medida, calificada como un avance histórico en derechos laborales, busca mejorar las condiciones de salud física y mental de millones de personas trabajadoras en el país.
¿Qué establece la Ley Silla?
La nueva normativa prohíbe a los empleadores obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada laboral y establece que los lugares de trabajo deben contar con el número suficiente de sillas con respaldo para permitir descansos regulares. Las disposiciones se aplicarán principalmente en sectores como comercio, servicios, hospitales y hoteles, así como en ciertos establecimientos industriales cuando la naturaleza del trabajo lo permita.
Además, los empleadores tendrán un plazo de 180 días para adecuar sus centros de trabajo a las nuevas disposiciones, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Problema de salud pública
La presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, la petista Geovanna Bañuelos, destacó que permanecer de pie por largos periodos no solo es una práctica humillante, sino también un grave problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos musculoesqueléticos afectan a más de 1,710 millones de personas en el mundo, con el dolor lumbar liderando la lista de dolencias.
Bañuelos señaló que en México, 45% de los trabajadores permanece de pie durante su jornada laboral, y de ellos, 35% trabaja en esta posición por más de ocho horas diarias, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades como tendinitis, várices y lesiones musculares.
“La Ley Silla prioriza la dignidad de las personas trabajadoras y su bienestar físico y mental. Es un paso importante para eliminar condiciones laborales indignas y mejorar la calidad de vida de quienes sostienen la economía de este país”, afirmó.
Impacto en el ámbito laboral
El senador panista Juan Antonio Martín del Campo argumentó que aunque la implementación de la Ley Silla puede representar un desafío logístico para algunas empresas, debe ser vista como una inversión a largo plazo: “Proveer condiciones laborales dignas no solo disminuye el estrés y mejora la salud de los trabajadores, sino que también incrementa su productividad y satisfacción en el trabajo”.
Por su parte, el morenista Alfonso Cepeda, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), consideró que esta medida promoverá un trato más justo en los lugares de trabajo, beneficiando tanto a los empleados como a las empresas: “La dignidad laboral es esencial para construir una sociedad más equitativa. Esta reforma establece un nuevo estándar de calidad en las condiciones laborales de nuestro país”.
Para garantizar el cumplimiento de la Ley Silla, se establecieron sanciones que oscilan entre 250 y 2,500 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) para las empresas que no adapten sus espacios de trabajo o incumplan con los reglamentos. Estas multas refuerzan la seriedad de la medida y subrayan la importancia de la salud laboral como un derecho inalienable.
Beneficios esperados
1. Salud física y mental
La reforma busca reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con largas jornadas de pie, como problemas circulatorios, dolores musculares y estrés. Además, está diseñada para prevenir el desarrollo de trastornos crónicos que afectan la calidad de vida de los trabajadores.
2. Productividad laboral
Diversos estudios han demostrado que los descansos regulares y las condiciones laborales adecuadas mejoran el rendimiento de los empleados, disminuyen los niveles de estrés y fomentan un ambiente de trabajo más saludable.
3. Impacto social y económico
La Ley Silla también podría tener un efecto positivo en la economía al reducir los costos asociados con enfermedades laborales, como bajas por enfermedad, tratamientos médicos y disminución de la productividad.
La Ley Silla no fue un logro inmediato. En febrero de 2024, el Senado había aprobado un dictamen similar, pero este quedó pendiente en la Cámara de Diputados y fue desechado al concluir la legislatura. En el nuevo periodo legislativo, el proyecto fue relanzado, logrando finalmente su aprobación unánime.
Durante el debate, varios senadores subrayaron la necesidad de adaptar los reglamentos internos de las empresas para cumplir con esta reforma. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó: “Aunque esta medida representa un desafío para algunas empresas, su implementación es un acto de justicia social que beneficiará a trabajadores y empleadores por igual”.
Retos en la implementación
Si bien la Ley Silla ha sido celebrada como un avance histórico, su éxito dependerá de la capacidad de las empresas para adaptarse a las nuevas disposiciones y de la supervisión efectiva por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Este organismo tendrá un plazo de 30 días para emitir las normas correspondientes y garantizar que los riesgos laborales asociados con el trabajo de pie sean abordados de manera efectiva.
Como señaló la senadora Geovanna Bañuelos: “Este es un mensaje claro de que el bienestar de las personas trabajadoras no es negociable. México avanza hacia un futuro en el que la dignidad laboral es un pilar fundamental de nuestra sociedad”.
La implementación de esta medida será clave para consolidar una cultura de respeto y justicia en los lugares de trabajo, beneficiando a millones de mexicanos que, día a día, sostienen la economía del país.