La agenda de movilidad humana en el mundo, en particular en nuestro país y en la Ciudad de México, se ha transformado y cruza por procesos de inclusión laboral y social.
Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante la presentación del libro “Migración: bienestar social e inclusión laboral”, coordinado por Eunice Rendón Cárdenas y Pablo Almuli Cassigoli, de la asociación Agenda Migrante; editado por este Organismo.
Consideró que se requiere incluir laboralmente no sólo a las personas migrantes, sino también a quienes se encuentran en el sector de economía informal, la cual absorbe la mayoría de mano de obra en nuestro país.
La Ombudsperson capitalina explico que, respecto a la inclusión social, es prioritaria la mirada de atención a los derechos a la salud, alimentaci
ón y educación, entre otros.
El texto presentado, dijo, es un esfuerzo colectivo en una agenda que tiene que ser atendida de manera coordinada con academia, activistas, organizaciones y autoridades.
Durante su intervención, la Coordinadora de Agenda Migrante A.C., Eunice Rendón Cárdenas, subrayó la importancia de la participación del sector privado para lograr una inclusión adecuada y humana de las personas migrantes.
Señaló que actualmente quienes se encuentran en contextos de movilidad, ven a México no sólo como un país de tránsito hacia los Estados Unidos, sino también como un país de destino.
La obra “Migración: bienestar social e inclusión laboral”, apuntó, es una reflexión de los desafíos en materia, que cuenta con una visión del sector empresarial ante la necesidad de una inclusión laboral en la agenda, que debe darse de manera integral.
Por otra parte, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, se pronunció por construir un México sin temor; por el contrario, que abrace a este grupo poblacional con responsabilidad compartida entre instituciones públicas y organizaciones civiles nacionales e internacionales.
La movilidad humana no es un crimen, afirmó, sino un fenómeno inherente a la historia de la humanidad.
Afirmó que el país ha asumido con responsabilidad el reto de construir un nuevo enfoque para la atención a la política migratoria.
En su oportunidad, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Giovanni Lepri, reconoció que el país cuenta hoy con un marco jurídico que facilita la integración de las personas migrantes.
Indicó que México es un país de asilo y de destino, y precisó que hoy tenemos más de 120 millones de personas desplazadas por la violencia en el mundo, el doble de las registradas hace una década.
En tanto, la Jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, Dana Graber Ladek, expresó la urgente necesidad de crear condiciones reales y sostenibles para la inclusión laboral y social de las personas en movilidad.
Asimismo, abogó por avanzar hacia reformas legislativas que fortalezcan la protección e integración social y laboral de las personas migrantes, ya que muchas de ellas carecen de mecanismos de regularización que les permitan acceder a empleos formales.
La Senadora Amalia García Medina sostuvo que vivimos una época de retos titánicos en la materia, pero hoy tenemos que poner en el centro nuestra voluntad colectiva desde México, y en el ámbito internacional, para que los derechos humanos de las personas migrantes sean respetados.
Subrayó que independientemente de su calidad y condición migratoria, quienes atraviesan fronteras y geografías, llevan a cuestas sus derechos. Su inclusión no se decreta, se construye todos los días desde la comunidad.
El Senador Juan Carlos Loera aseguró que la política migratoria de los Estados Unidos siempre ha estado acompañada de un doble discurso, en particular durante sus periodos de campaña presidencial, respecto a un posible cierre de sus fronteras a personas en contextos de movilidad.
Compartió que su texto, que forma parte del libro, hace un balance de la eficacia que han tenido las políticas públicas instrumentadas por los gobiernos de México y Estados Unidos para controlar los movimientos de mercancías, capitales y personas a través de la frontera norte para, por esa vía, promover el desarrollo de sus respectivos países.
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