El Instituto Nacional Electoral (INE) alzó la voz ante un grave abuso contra la comunidad LGBT+, denunciando la suplantación de identidad como una forma de violencia hacia este grupo históricamente discriminado. La consejera del INE, Claudia Zavala, ha sido enfática al exponer cómo algunas personas se han autoadscrito como mujeres trans para ganar curules en el Congreso local, un acto que considera un atentado contra los derechos de la comunidad LGBT+.
Durante una sesión de la Comisión de No Discriminación e Igualdad de Género, la consejera Claudia Zavala destacó un caso reciente en el que se permitió que individuos accedieran a curules bajo la falsa pretensión de ser mujeres trans. “Indigna escuchar esos mensajes en los que se prepararon, por un lado, para aprovecharse, para preparar un camino, para ocupar un lugar que no les pertenece”, afirmó Zavala.
Convenios Internacionales y Discriminación
Zavala explicó que los convenios internacionales en materia de derechos humanos establecen que no se debe exigir prueba de identidad a las personas que se autoadscriben como parte de un grupo minoritario, sin embargo, este principio de no discriminación ha sido manipulado en detrimento de la comunidad LGBT+. “Esto se impugnó porque ya se veía por los grupos que había una propensión a abusar del derecho“, comentó Zavala, refiriéndose a una resolución del Tribunal de Michoacán que inicialmente exigía una calificación de identidad debido a indicios de abuso de buena fe.
El Tribunal Electoral de Michoacán había emitido una resolución para exigir una calificación de la identidad, pero esta fue revocada por la Sala Regional Toluca. Esta última argumentó que exigir prueba de identidad sería discriminatorio, “si bien la Sala Regional actuó conforme a los convenios internacionales, en los hechos se permitió un atentado contra los derechos de la comunidad LGBT+”, indicó Zavala, subrayando la necesidad de revisar y analizar este caso en profundidad.
Por su parte, los colectivos LGBT+ están movilizándose para impugnar estos abusos en los tribunales. “Frente a la sociedad mexicana creo que es importante señalar que las autoridades, sobre todo administrativas electorales, generamos una normativa sobre la base del principio de buena fe que esperaríamos que no fuera defraudado“, sostuvo Zavala. Enfatizó la importancia de que los tribunales puedan intervenir cuando hay evidencias claras de fraude y abuso del derecho para ocupar cargos de elección popular.
Claudia Zavala concluyó su intervención con un llamado a la sociedad y a las autoridades: “Es inadmisible, indigno ocupar un lugar que no les pertenece cuando no son parte de la comunidad“. La resolución de estos casos ahora recae en los tribunales electorales, quienes deberán determinar las acciones a seguir para garantizar que la justicia y los derechos de la comunidad LGBT+ sean respetados.
