El caso de Diego “N”, exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), acusado de tomar fotografías íntimas a sus compañeras y editarlas con inteligencia artificial para contenido sexual, dio un giro inesperado. Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Reclusorio Oriente absolvió al acusado tras una audiencia de más de ocho horas. Según el juzgador, las pruebas presentadas no demostraron su culpabilidad en el delito contra la intimidad sexual.
Activistas, víctimas y organizaciones defensoras de derechos digitales han repudiado la decisión, calificándola como una grave omisión que ignora los derechos de las mujeres violentadas. Valeria Martínez Mondragón, abogada de las denunciantes, afirmó que apelarán el fallo, argumentando que las pruebas, incluidas 166,900 fotos y 2,012 videos encontrados en el dispositivo del acusado, eran suficientes para acreditar el delito.
Detalles del caso y reacciones
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX solicitaba una condena de 12 años de prisión para Diego “N”, detenido el pasado 26 de octubre en un cateo realizado en Álvaro Obregón. Aunque fue absuelto por esta acusación, seguirá bajo prisión preventiva, ya que enfrenta otro proceso por trata de personas en la modalidad de pornografía infantil.
Organizaciones como el Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales expresaron su indignación, destacando que este fallo se emite en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género. En un comunicado, señalaron: “El sistema judicial ha fallado no solo a estas mujeres, sino a todas las que enfrentan violencia digital. Esta sentencia es complicidad”.
Además de la apelación, quedan pendientes seis carpetas más relacionadas con otras víctimas, también estudiantes del IPN. La próxima audiencia será el lunes, en la que se abordará otra denuncia por delito contra la intimidad sexual.
Activistas del Movimiento Ley Olimpia, impulsoras de la legislación contra la violencia digital, lamentaron que el juez Francisco Salazar Silva no haya enviado un mensaje contundente contra estas agresiones. “Con esta sentencia, el juzgador ha dejado claro que nuestras vidas y dignidad son secundarias”, señalaron.
El caso de Diego “N” representa un reto urgente para el sistema judicial, que enfrenta críticas por su falta de perspectiva de género y la protección insuficiente hacia las víctimas de violencia digital.
