Foto: Ricardo Burgos
Por Ricardo Burgos Orozco
Llegó la fecha fatídica en la que se va a consumar la venganza que tanto preparó Andrés Manuel López Obrador contra Norma Lucía Piña Hernández, todavía presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Nación y varios de los ministros cuyo único pecado fue defender en su momento la Constitución y las leyes.
El próximo domingo comienza a desaparecer el Poder Judicial con la elección de 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las salas regionales del TEPJF, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito.
Falso que México sea más democrático con esta elección. Al contrario, en ningún país en desarrollo o desarrollado se realiza este tipo de ejercicios porque saben que jamás se debe politizar un cargo cuyo trabajo es aplicar las leyes con justicia y en este caso, no va a suceder; los jueces van a estar más acotados a los intereses de quienes los patrocinaron para ganar.
La única nación del mundo que tiene comicios para elegir jueces es Bolivia y su experiencia es nada halagüeña. Las expectativas de que una renovación por voto popular de los magistrados serviría para mejorar la independencia y eficacia del sistema de justicia, resultó en un fracaso en aquel país sudamericano; lo peor es que en México la reforma judicial ni siquiera se hizo con un análisis profundo de la problemática de la impartición de justicia. Fue producto simple y llanamente de la decisión vesicular del patrono de Macuspana.
Por supuesto, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo – quien todo le debe a López Obrador desde hace más de 25 años – acató la instrucción de destruir al Poder Judicial con la ayuda de un Poder Legislativo amañado y con mayoría absoluta de Morena, gracias a las trampas de los líderes Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, viejos lobos de mar y que también le deben mucho de su poder político al expresidente tabasqueño.
Casi todos los magistrados y jueces que van a ser elegidos tienen el color guinda morenista en su corazón. Para muestra bastan tres botones: Lenia Batres Guadarrama, quien sabe poco de leyes, pero está recorriendo todo el país en abierta campaña electoral; Yazmín Esquivel Mossa, quien plagió su tesis de licenciatura – nunca sancionada por las instancias universitarias por influencias políticas –. Ambas buscan la presidencia de la Suprema Corte y una tercera, Loretta Ortiz Ahif, comparsa de las dos, y las tres inclinadas a Morena y dispuestas a defender los intereses – los que sean — de López Obrador y del gobierno de la 4T.
Diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y todo el aparato gubernamental se han dedicado a hacer labores proselitistas en las últimas semanas alabando las bondades de las elecciones judiciales. Sin embargo, parece que no han prendido lo suficiente el interés en la ciudadanía para llegar a dos dígitos de votos. Ya veremos porque habrá seguramente muchos acarreados a las casillas.
El porcentaje de sufragios que sea, el régimen lo va a resaltar como un triunfo del pueblo. Nada más alejado de ello. El domingo 1 de junio va a ser un día de tristeza porque bien que mal nuestro camino de libertades iba avanzando pese a todo. Después del 1 de junio la historia va a recordar a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo como los presidentes que acabaron con la incipiente democracia mexicana.
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