La prevalencia del abuso sexual infantil en México ha experimentado un aumento preocupante en los últimos años, duplicándose de 2.2% en 2018 a 4.5% en 2022, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). En entidades como Nayarit (10%) y Morelos (9.4%), las cifras son particularmente altas, lo que refuerza la urgencia de abordar este problema.
El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Leonor Rivera, investigadora del INSP, calificó el aumento como “un crecimiento impresionante” que afecta profundamente la integridad física, mental y emocional de las víctimas.
“Las consecuencias se reflejan en trastornos de salud mental, como depresión, conducta suicida y consumo de sustancias, que pueden perdurar toda la vida,” afirmó Rivera.
En su análisis, la investigadora subrayó que más del 90% de los casos de abuso sexual infantil son perpetrados por familiares directos, como padres, padrastros o tíos. Además, este delito a menudo emerge en el contexto de conflictos familiares, especialmente durante procesos de divorcio.
Papel de los sistemas judiciales y el DIF
Una de las principales críticas al manejo de estos casos es la falta de acción por parte de los sistemas judiciales. Luis Peña, encargado de la Dirección General de Representación Jurídica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), señaló que hasta el 70% de los jueces no notifican al DIF sobre procesos judiciales que involucran a menores.
“Esto deja a los niños en total desprotección, mientras los padres están enfrascados en disputas por custodia y pensión alimenticia,” lamentó Peña.
Aunque la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece la figura de representantes legales imparciales para garantizar los derechos de los menores, estos mecanismos a menudo son ignorados o enfrentan obstáculos legales.
Peña expresó su esperanza de que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares unifique criterios y mejore la protección de los derechos de los menores, aunque advirtió que su implementación será un proceso gradual.
Impacto de la desigualdad y el silencio
En investigaciones del INSP, se identificó que el silencio de algunos cuidadores, particularmente madres, puede ser un factor que agrava el problema. Rivera destacó que muchas mujeres no denuncian los abusos por razones como el miedo a quedarse solas, la falta de apoyo familiar o la normalización de la violencia en sus entornos.
“En ocasiones, las madres no creen a sus hijos o también sufren violencia, lo que les lleva a ignorar las agresiones,” explicó la investigadora.
Además, los conflictos por divorcio complican aún más estos casos. Según datos del DIF, el 80% de las demandas de divorcio incluyen acusaciones de abuso infantil como parte de las disputas, lo que diluye la credibilidad de las denuncias reales y pone en riesgo a los menores.
En 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya había señalado a México como el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil entre sus miembros. Esto evidencia un problema estructural que va más allá de casos aislados y requiere una respuesta integral.
Daniela López, psicóloga especializada en infancia, subrayó: “El abuso sexual infantil no es un problema situacional. Sus efectos pueden durar toda la vida y afectan la capacidad de los sobrevivientes para formar relaciones sanas y alcanzar su potencial.”
A pesar de este panorama, el INSP ha desarrollado estrategias innovadoras para prevenir el abuso sexual infantil. Estas incluyen talleres educativos con herramientas tecnológicas, como lentes de realidad virtual y programas de computación, diseñados para enseñar a los niños a reconocer y denunciar situaciones de riesgo.
Rivera destacó: “La educación es clave. Estos programas están diseñados para que los niños aprendan de forma divertida mientras desarrollan habilidades para protegerse.”
Las escuelas, señaló, son un espacio fundamental para implementar estas estrategias y romper el ciclo de silencio y violencia.
Un punto clave en el manejo de estos casos es escuchar y creer en las víctimas. Rivera enfatizó que, aunque en algunos casos las acusaciones pueden ser parte de conflictos conyugales, es crucial dar prioridad a las declaraciones de los niños y garantizar su bienestar por encima de las disputas de los adultos.
“Siempre debemos creer en los niños. Su protección debe ser nuestra prioridad absoluta,” afirmó.
Con la entrada en vigor del nuevo código legal y la implementación de estrategias preventivas, existe esperanza de un cambio, sin embargo, será crucial que tanto las instituciones como la sociedad trabajen en conjunto para garantizar que cada niña y niño en México crezca en un entorno seguro y protegido. El tiempo de actuar es ahora.
