En un giro reciente en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una jueza federal ha concedido libertad condicional a ocho militares previamente acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. Los militares, que habían sido recluidos nuevamente en febrero, ahora enfrentarán el proceso bajo condiciones menos restrictivas.
La decisión fue tomada por Raquel Duarte Cedillo, jueza segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca. Esta no es la primera vez que la jueza modifica las condiciones de detención para estos individuos, incluyendo a figuras como Roberto de los Santos Eduviges y Gustavo Rodríguez de la Cruz, entre otros.
Durante la audiencia, la jueza desestimó las preocupaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, quienes argumentaron que existía un alto riesgo de fuga. Contrario a esto, la jueza determinó que la prisión preventiva no era la medida más adecuada y estableció otras medidas cautelares como el pago de una fianza de 100 mil pesos y firmas periódicas en la Unidad de Medidas Cautelares.
Los implicados, que incluyen a un Subteniente y siete miembros de la tropa, aún se encuentran detenidos en el Campo Militar 1-A en la Ciudad de México, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras se realizan las últimas diligencias para su liberación condicional.
Este cambio ha provocado reacciones mixtas, especialmente entre las organizaciones que representan a las familias de los estudiantes desaparecidos. Grupos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Prodh han criticado lo que consideran una defensa continua de Sedena hacia los militares implicados y una falta de transparencia en el manejo de información crucial sobre el caso, destacando la reticencia a entregar más de 800 documentos solicitados por los padres de los desaparecidos.
Estas organizaciones también han expresado preocupación por lo que describen como un “criterio parcial y sesgado” por parte de la jueza, que ha resultado en que ninguno de los militares acusados de estar directamente involucrados en la desaparición de los estudiantes permanezca en prisión.
El caso Ayotzinapa ha sido un tema de gran controversia y dolor en México, simbolizando luchas más amplias contra la impunidad y la corrupción dentro de las instituciones del estado. La reciente decisión judicial añade otro capítulo a esta larga búsqueda de justicia y verdad para los 43 normalistas desaparecidos.
