Este martes, el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) decidirá cuáles de los nueve aspirantes a fiscal cumplen con los requisitos para avanzar en el proceso de selección. Jorge Nader Kuri, presidente del CJC, explicó que evaluarán si los candidatos cuentan con la documentación solicitada y cumplen con las condiciones para seguir en esta etapa clave.
Entre los aspirantes se encuentran perfiles destacados del ámbito jurídico, como Bertha María Alcalde Luján, exdirectora del ISSSTE y hermana de Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena; José Alejandro García Ramírez, exagente del Ministerio Público y profesor universitario; y Mario Alberto Martell Gómez, abogado penalista y exagente del Ministerio Público. Otros candidatos incluyen a Fernando Moreno Caballero, funcionario en la Fiscalía de Investigación Estratégica; Ulrich Richter Morales, doctor en ciencias penales; y Anaid Elena Valero Manzano, exsecretaria auxiliar en la Suprema Corte de Justicia.
Los requisitos establecidos por el CJC el pasado 23 de octubre incluyen contar con título y cédula profesional de licenciatura en derecho y experiencia mínima de cinco años, además de ser ciudadano mexicano y tener al menos 35 años. Los aspirantes deben cumplir con evaluaciones de confianza, presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, y no haber ocupado cargos de elección popular o de dirección en algún partido político en el último año. Además, no deben tener antecedentes de condena por delitos dolosos.
Una vez definidos los candidatos elegibles, el proceso se abrirá a la consulta pública por el resto de la semana. Nader Kuri subrayó que cualquier persona, así como organizaciones de la sociedad civil, podrán opinar a favor o en contra de los candidatos o expresar su perspectiva sobre lo que debe representar la procuración de justicia y el perfil adecuado para el titular de la fiscalía.
Esta participación pública es una señal del compromiso del CJC para involucrar a la ciudadanía en la selección del próximo fiscal. La consulta pública representa un espacio crucial donde la sociedad puede aportar sus ideas sobre los retos y expectativas de la justicia en la Ciudad de México, ofreciendo su opinión sobre quién debe encabezar la institución.
Este proceso busca fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones judiciales, permitiendo que la selección de un perfil idóneo sea una decisión compartida.
