En una sesión clave, las comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México aprobaron dos dictámenes que buscan reforzar la justicia cívica y regular la economía de plataformas. En primer lugar, se aprobó una reforma que aumenta las sanciones para quienes quebranten sellos de clausura y en segundo, se aprobó un límite al uso de viviendas en plataformas como Airbnb, fijando que solo se podrán rentar el 50% de los días del año.
El primer dictamen propone modificar el Código Penal y la Ley de Cultura Cívica para endurecer las penas a quienes violen sellos de clausura. Actualmente, el Código Penal contempla una pena de 2 a 7 años de cárcel para quienes quiten estos sellos, pero con la nueva reforma, también se sancionará al dueño o encargado que “permita, realice o promueva” esta violación. Con la nueva normativa, las penas irán de 6 a 12 años de prisión para los responsables de establecimientos comerciales o construcciones que, pese a los sellos, continúen operando de manera ilegal.
Alberto Martínez Urincho, diputado del partido Morena y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, explicó que la finalidad de esta medida es “mantener el estado de suspensión o clausura ordenado por la autoridad, evitando que se siga con la actividad irregular que originó la sanción”. Este dictamen se votará en el pleno del Congreso esta misma semana y podría convertirse en ley antes de que termine la administración actual.
En cuanto al alojamiento temporal, las comisiones unidas de Vivienda y Turismo aprobaron un dictamen que limitará el uso de viviendas en plataformas como Airbnb a un máximo del 50% de los días del año. El dictamen, que reforma la Ley de Turismo de la Ciudad de México, establece que quienes no respeten este límite perderán su derecho a renovar su registro oficial por un año.
Durante la discusión, la diputada panista Olivia Garza propuso una reserva para que la renta se permitiera durante el 80% de los días del año, argumentando que el alquiler de estos espacios fomenta el comercio local, pero su propuesta fue rechazada.
Ambos dictámenes reflejan un esfuerzo por reforzar el marco legal y garantizar una ciudad más justa y sostenible, tanto en términos de urbanismo como de turismo.
