La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, firmó un decreto de reforma al Código Penal local que establece nuevas medidas para combatir la extorsión, uno de los delitos que más aquejan a la ciudadanía. La iniciativa, aprobada por unanimidad en el Congreso capitalino, contempla penas de 10 a 15 años de prisión, que podrían duplicarse si existen agravantes como el cobro “gota a gota” o el secuestro exprés.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, Brugada destacó que la reforma permite que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia formal por parte de las víctimas. “Este es un avance significativo para garantizar justicia y reforzar la seguridad en nuestra ciudad”, señaló.
Esfuerzo conjunto con apoyo multipartidista
El dictamen fue resultado de propuestas de la Jefa de Gobierno, la diputada local Tania Nanette Larios Pérez (PRI) y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Esta colaboración refleja un enfoque integral para atender una demanda ciudadana clave y fortalecer la seguridad en la capital.
Durante la firma del decreto, Brugada subrayó que la reforma está en sintonía con las recientes modificaciones realizadas en el Congreso de la Unión, donde la extorsión fue incluida en el catálogo de delitos graves.
Atención directa a víctimas
Como parte de la estrategia, se habilitó la línea telefónica 55 50 36 3301, para que las víctimas puedan reportar casos de manera directa. Al tratarse de un delito que se investigará de oficio, no será necesario presentar una denuncia formal para que las autoridades actúen.
“Si tú o alguien que conoces es víctima de extorsión, háblanos. Juntas y juntos podemos erradicar este delito que tanto daño causa”, enfatizó la mandataria.
Hacia una ciudad más segura y justa
Brugada concluyó destacando el impacto de esta reforma como parte de su compromiso por construir una Ciudad de México más segura y libre de impunidad. “Hoy damos un paso más hacia la justicia, reafirmando que la seguridad de las y los ciudadanos es nuestra prioridad”, afirmó.
Esta reforma representa un avance significativo en la lucha contra la criminalidad y refuerza la confianza en las instituciones de la capital.
