En un giro significativo dentro del ámbito legal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el caso en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, al desestimar el amparo interpuesto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esta decisión implica que Robles, acusada de ejercicio indebido de la función pública por omisiones relacionadas con un fraude que desvió más de 5 mil millones de pesos, no enfrentará más cargos judiciales.
La votación fue unánime, con el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien argumentó que el amparo directo en revisión no tenía mérito suficiente para seguir adelante. Este amparo había sido la última oportunidad de las autoridades para revocar la sentencia de un juez federal que había absuelto a Robles. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, Roberto Paredes Gorosrieta Femat, había decretado el sobreseimiento del caso el 24 de febrero de 2023, una decisión que la ASF intentó revertir ante el máximo tribunal del país.
El cierre del caso se produce en un contexto en el que la Fiscalía General de la República (FGR) también había impugnado la decisión del juez, pero perdió el juicio el 5 de diciembre de 2023 ante el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal de la Ciudad de México. Esta serie de eventos ha sido vista como un importante revés para las autoridades que buscan justicia en un caso que ha sido emblemático de la corrupción en el gobierno anterior.
Rosario Robles ha sido una figura polémica desde su salida del gabinete de Enrique Peña Nieto, y su caso ha estado en el centro del debate público sobre la corrupción y la rendición de cuentas en México. A pesar de las acusaciones que la rodean, su absolución ha generado reacciones diversas, con algunos sectores celebrando la decisión como una victoria de la justicia, mientras que otros la critican como una falta de responsabilidad ante los actos de corrupción.
Con esta resolución, la Suprema Corte da un paso definitivo al dar carpetazo a un caso que ha tenido un gran impacto en la percepción pública de la lucha contra la corrupción en el país. La decisión podría sentar un precedente importante para futuros casos relacionados con la administración pública y el manejo de recursos gubernamentales. La discusión sobre la rendición de cuentas y la ética en el servicio público sigue vigente, y muchos ciudadanos se preguntan qué implicaciones tendrá este fallo para la transparencia en el gobierno mexicano.
