En un nuevo episodio del caso Ayotzinapa, los padres y abogados de los 43 estudiantes desaparecidos han intensificado sus demandas, exigiendo al gobierno el restablecimiento del diálogo y la entrega de archivos militares que consideran cruciales para esclarecer los eventos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los familiares de los desaparecidos se ha distanciado desde septiembre de 2023, marcando el último encuentro en Palacio Nacional. La situación se agrava con la exigencia de los familiares de acceder a documentos militares, una solicitud que se encuentra en un punto muerto.
La crisis se intensificó en agosto del año pasado cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final, calificando la desaparición como un “crimen de Estado”. El GIEI también acusó a las Fuerzas Armadas de obstruir sus investigaciones, lo que llevó a la conclusión de su participación en el caso.
Además la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y presidente de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (COVAJ), en octubre pasado generó más tensiones. Los padres acusaron al gobierno de proteger a miembros de las Fuerzas Armadas vinculados al caso.
El presidente López Obrador asumió personalmente la investigación en enero pasado, destacando discrepancias internas en la Fiscalía General de la República (FGR). También ha cuestionado la actuación de abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quienes han abogado por la liberación de detenidos alegando tortura, pero que según el presidente, participaron en la desaparición.
La más reciente demanda de los padres de los estudiantes desaparecidos gira en torno a la entrega de aproximadamente 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta petición se suma a la negativa de acudir directamente a buscar archivos en instalaciones militares, argumentando que esto sería una simulación que protegería a la institución castrense.
En una carta dirigida a AMLO, los padres expresaron su desconfianza en la transparencia del Ejército y exigieron la participación de expertos internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la revisión de documentos. También respaldaron a las organizaciones civiles que los han acompañado durante estos años, enfrentándose a recientes descalificaciones.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación se comprometió a reforzar los trabajos de búsqueda y obtener información para la localización de los jóvenes, asegurando el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
La compleja trama de Ayotzinapa persiste, evidenciando la necesidad de un diálogo efectivo y transparente para abordar este caso emblemático que ha conmovido a la sociedad mexicana.
