Los bosques y zonas residenciales de Los Ángeles continúan bajo el asedio de las llamas, mientras expertos y autoridades advierten que estos incendios podrían convertirse en los más costosos de la historia de Estados Unidos.
La preocupación crece cada hora que pasa, pues se calcula que las pérdidas aseguradas podrían superar los 20 mil millones de dólares, una cifra que de no controlarse el fuego, podría escalar hasta 50 mil millones según algunos analistas. Organizaciones de lucha contra incendios, compañías de seguros y funcionarios públicos coinciden en que el impacto económico, social y medioambiental de este desastre será histórico.
Desde que inició la crisis el 7 de enero, las llamas se han extendido con especial intensidad en zonas de alto valor inmobiliario, como Pacific Palisades y Altadena, donde miles de hectáreas han quedado reducidas a cenizas. El analista de JPMorgan, Jimmy Bhullar, alertó en un reporte que “las pérdidas en propiedades podrían duplicar las estimaciones iniciales, dado que muchas viviendas superan los 3 millones de dólares en valor de mercado”.
Por su parte, la firma de calificación Morningstar DBRS prevé un daño asegurado de al menos 8 mil millones de dólares, aunque recalca que esa cifra es preliminar y podría aumentar.
En comparación con siniestros anteriores, el famoso Camp Fire de 2018, que devastó el condado de Butte en California, dejó pérdidas aseguradas por aproximadamente 12 mil 500 millones de dólares (ajustados por inflación). Sin embargo, las condiciones de extrema sequía y los poderosos vientos “Santa Ana” han facilitado que el fuego en Los Ángeles se propague de manera más veloz y descontrolada.
Kristin Crowley, jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, señaló en una conferencia de prensa que “éste es uno de los desastres naturales más devastadores que hemos enfrentado; la velocidad del fuego y la alta densidad poblacional complican la contención”.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también expresó su alarma sobre la magnitud del fenómeno: “Los vientos siguen siendo de proporciones históricas. Esto no tiene absolutamente ningún precedente”. Bass informó que se han emitido órdenes de evacuación para más de 180 mil personas, y aunque las autoridades trabajan sin descanso para frenar las llamas, el pronóstico meteorológico indica que la situación podría empeorar en las próximas jornadas.
Las preocupaciones no sólo se centran en la pérdida de vidas humanas—la cifra de fallecidos ha ido en aumento, con al menos siete víctimas confirmadas—sino también en el impacto a largo plazo en el mercado de seguros. Denise Rappmund, analista sénior de Moody’s Ratings, comentó que “las pérdidas por estos incendios repercutirán negativamente en el mercado de seguros de California, lo que podría traducirse en primas más altas y menor disponibilidad de cobertura para los propietarios”.
En paralelo, la presidenta del Fair Plan, Victoria Roach, advirtió en marzo pasado que el fondo estatal de último recurso para quienes no consiguen seguro con empresas privadas ya se encontraba bajo presión. “Estamos a un gran incendio de distancia de una evaluación importante”, señaló entonces. Hoy, sus palabras suenan proféticas.
Según cifras del propio Fair Plan, sólo en Pacific Palisades se proyectan posibles indemnizaciones por encima de los 6 mil millones de dólares, lo que podría desbordar sus recursos financieros y provocar nuevas contribuciones obligatorias de las aseguradoras privadas.
“Es una apuesta; no tenemos el dinero disponible y tenemos mucha exposición”, había reconocido Roach antes de que iniciaran estos incendios en Los Ángeles. Mientras tanto, la vocera del plan indicó que cuentan con reaseguros y otros mecanismos para enfrentar el alud de reclamaciones, pero admitió que la magnitud exacta del reto es incierta.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a esta crisis durante una sesión especial en la Casa Blanca, donde declaró que los incendios son “los peores en la historia de California” y anunció que el gobierno federal destinará recursos adicionales para respaldar los esfuerzos locales. Biden declaró zonas catastróficas las áreas afectadas, lo que facilita la llegada de fondos de emergencia y apoyo logístico de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y cuerpos de bomberos voluntarios se despliegan a lo largo del Condado de Los Ángeles. Algunos grupos auxiliares, como la Cruz Roja, han instalado refugios temporales para los evacuados, ofreciendo alimentos y atención médica. Por otro lado, surgen reportes de saqueos en zonas desalojadas, lo que ha llevado a un incremento de la presencia policial y a la instauración de toques de queda en áreas críticas. El sheriff de Los Ángeles, Robert Luna, confirmó la detención de una veintena de personas acusadas de robo a viviendas abandonadas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que la situación podría prolongarse varias semanas más, e insistió en la necesidad de adoptar nuevas medidas ante el cambio climático, que ha contribuido al incremento de estos eventos extremos. “Ya no es temporada de incendios, es un año de incendios entero”, enfatizó. Con vientos que alcanzan hasta 160 km/h y decenas de miles de hectáreas consumidas, la escena en Los Ángeles es desoladora: casas calcinadas, autopistas cerradas y una persistente nube de humo que cubre gran parte del sur del estado.
Aunque bomberos y brigadas trabajan contrarreloj para contener los focos más grandes, el costo económico y social de esta catástrofe ya está marcado en la memoria colectiva. De confirmarse las proyecciones de los analistas, estos incendios en Los Ángeles podrían inscribirse como uno de los peores desastres naturales en la historia de Estados Unidos, no sólo por las pérdidas millonarias, sino por el profundo impacto en la vida de miles de personas que han visto sus hogares, y su futuro, reducidos a cenizas.
