En un movimiento que ha generado intensas discusiones en los ámbitos político, económico y social, este fin de semana entró en vigor el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece la extinción de siete organismos autónomos clave en México. Esta medida, presentada como parte de un esfuerzo por simplificar la administración pública y generar ahorros significativos, ha despertado diversas opiniones entre expertos, funcionarios y ciudadanos.
Los organismos extintos
Los organismos autónomos que desaparecerán tras la entrada en vigor del decreto son:
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
La extinción de estos entes busca redirigir los recursos que manejaban al Fondo de Pensiones para el Bienestar, de acuerdo con la legislación aplicable.
Detalles del decreto
El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, establece los siguientes puntos clave:
- Entrada en vigor inmediata: La mayoría de las disposiciones del decreto entraron en vigor al día siguiente de su publicación, con excepción de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, competencia y libre concurrencia.
- Periodo de adecuación: El Congreso de la Unión tendrá 90 días naturales para ajustar las leyes necesarias, mientras que las legislaturas locales contarán con el mismo plazo para armonizar su marco jurídico en materia de información pública y protección de datos personales.
- Destino de recursos: Los recursos materiales y humanos de los organismos extintos serán reasignados conforme a las disposiciones del decreto, aunque los detalles específicos están sujetos a procesos de transición.
Reacciones
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, justificó la medida señalando la necesidad de una administración pública más eficiente: “Estamos comprometidos con el bienestar del pueblo mexicano. Esta reforma permitirá redirigir recursos hacia áreas prioritarias, como las pensiones para nuestros adultos mayores, sin comprometer los servicios que estos organismos proporcionaban.”
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, enfatizó que la desaparición de los organismos no implica el abandono de sus funciones: “Las responsabilidades de estos entes serán absorbidas por nuevas estructuras gubernamentales que garantizarán la continuidad de sus servicios bajo un esquema más eficiente.”
En contraste, María Elena Pérez-Jaén, ex comisionada del INAI, expresó su preocupación sobre el impacto en la transparencia y el acceso a la información: “La desaparición del INAI representa un retroceso significativo en la protección de los derechos de los ciudadanos. La transparencia y la rendición de cuentas están en riesgo.”
Desde el ámbito empresarial, Carlos Salazar Lomelín, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que la desaparición de la Cofece y el IFT podría generar incertidumbre: “La autonomía de estos organismos era fundamental para garantizar la competencia económica y el desarrollo de las telecomunicaciones. Es necesario monitorear cómo el gobierno manejará estas funciones.”
Implicaciones para los ciudadanos
La desaparición de organismos como el INAI y el Coneval plantea preguntas sobre cómo se garantizarán derechos fundamentales, como el acceso a la información pública y la evaluación de políticas sociales. Mientras tanto, la extinción de la CRE y la CNH podría modificar el panorama regulatorio de sectores clave como el energético.
El destino de los trabajadores de estos organismos también es un tema relevante. Aunque el decreto menciona la reasignación de recursos humanos, aún no está claro cuántos empleados serán absorbidos por otras dependencias o enfrentarán recortes.
Hacia la transición
La Comisión de Transición, formada por representantes del gobierno y otros actores clave, será responsable de supervisar la transferencia de recursos materiales, humanos y financieros. Este proceso deberá completarse antes del 1° de septiembre de 2025, cuando se espera que las nuevas estructuras gubernamentales estén en pleno funcionamiento.
Además, los actos jurídicos emitidos por los organismos extintos antes de la entrada en vigor del decreto seguirán siendo válidos, lo que busca garantizar continuidad y seguridad jurídica durante el periodo de ajuste.
La medida ha provocado un amplio debate en redes sociales, donde ciudadanos y expertos han compartido sus opiniones. Mientras algunos aplauden el enfoque en la austeridad y la simplificación administrativa, otros alertan sobre posibles riesgos en la calidad de los servicios que estos organismos proporcionaban.
La extinción de estos siete organismos autónomos marca el inicio de una reconfiguración significativa en la administración pública mexicana. Con opiniones divididas, los próximos meses serán cruciales para evaluar si esta decisión cumple con las expectativas de eficiencia, transparencia y bienestar social planteadas por el gobierno.
