La Unión de Marchantes en Movimiento A.C., encabezada por Sofía Trejo, denunció que las autoridades buscan formalizar la presencia de comerciantes ambulantes en la Alameda Central, pese a las disposiciones de 2012 que prohibían el comercio en el lugar para proteger este sitio patrimonial.
De acuerdo con Trejo, funcionarios de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías sostuvieron reuniones con grupos que ocupan actualmente la Alameda y Bellas Artes. Durante estas, anunciaron la entrega de gafetes y la reducción del número de puestos dentro del parque, pasando de 289 a 89, medida que fue calificada como una violación a los acuerdos establecidos hace más de una década.
Trejo señaló que los llamados “grupos históricos”, que respetaron la prohibición del comercio en la Alameda desde 2012, están en contra de este nuevo acuerdo. “Pedimos que los grupos transgresores presenten pruebas de legalidad, ya que nosotros contamos con minutas y convenios que justificaban nuestra presencia antes de la gaceta de 2012″, declaró.
La líder también criticó que las autoridades estén “legitimando la anarquía” al avalar a grupos que irrumpieron violentamente en el espacio público. Por ello, hizo un llamado a la jefa de Gobierno para establecer un diálogo en busca de alternativas. Entre las propuestas, sugirió que los comerciantes de la vía pública puedan rentar espacios en las 16 alcaldías, pagando servicios y obteniendo seguridad.
Trejo recordó que la Alameda Central estuvo libre de ambulantes de 2012 a 2021, pero desde entonces, grupos como los liderados por Norma García Desiderio y Guadalupe Arellano han invadido el parque. A partir de 2022, familias como los Barrios ocuparon el Eje Central y la calle Independencia, mientras que colectivos feministas buscan apropiarse del perímetro sur de la Alameda, incluyendo Avenida Juárez y Ángela Peralta.
Además, criticó que exposiciones itinerantes en calles como Doctor Mora y Ángela Peralta han generado más conflictos en la zona. La Unión enfatizó que estos acuerdos con grupos ambulantes atentan contra el patrimonio cultural e histórico de la Ciudad de México y exigieron soluciones que beneficien tanto a los comerciantes como a la ciudadanía.
