La Cámara de Diputados aprobó la extinción de siete órganos constitucionales autónomos, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En su lugar, se creará un órgano antimonopolio que centralizará las funciones de competencia económica y regulación de mercados, aunque aún se desconoce bajo qué dependencia del Ejecutivo Federal operará.
Votación polémica
Con 332 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 119 en contra de los partidos PAN, PRI y MC, la reforma fue avalada en lo particular este jueves 21 de noviembre. Por otra parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, explicó que este nuevo órgano garantizará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC). “La nueva autoridad tendrá facultades para realizar investigaciones, imponer sanciones y acelerar los procesos judiciales relacionados con prácticas monopólicas”, aseguró.
Sin embargo, la oposición mostró un rechazo contundente. “Esta medida dinamitará el T-MEC y afectará a millones de familias mexicanas al desincentivar la inversión”, advirtió Abigail Arredondo, diputada del PRI. Por su parte, Irais Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la propuesta como “una reforma improvisada que engaña a la ciudadanía sobre la libre competencia”.
¿Qué implicará el nuevo órgano?
De acuerdo con Ramírez Cuéllar, las características específicas de esta nueva autoridad serán definidas en la legislación secundaria. Aunque no se precisó bajo qué dependencia se ubicará, se mencionó que podría adscribirse a la Secretaría de Economía. “Por ahora, la prioridad es establecer una autoridad única que regule mercados estratégicos como telecomunicaciones, banca y bienes de consumo”, puntualizó.
El nuevo organismo también buscará fortalecer las herramientas legales para sancionar prácticas monopólicas. Entre las medidas previstas destacan la imposición de multas más severas y la reducción de tiempos en los procesos de investigación.
Reacciones del Ejecutivo y los órganos afectados
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la desaparición de los órganos autónomos, argumentando que se mantendrán las funciones clave bajo el control del Ejecutivo. “Habrá más transparencia y menos corrupción. Las funciones del Inai, por ejemplo, se integrarán a la nueva Secretaría Anticorrupción, garantizando la protección de datos personales y el acceso a la información”, afirmó.
Para justificar la medida, Sheinbaum presentó datos de la Auditoría Superior de la Federación, los cuales señalan presuntas irregularidades en la gestión de recursos y casos de nepotismo dentro de los órganos extintos. “La ciudadanía tendrá acceso sencillo y transparente al manejo de recursos y decisiones del gobierno”, añadió.
No obstante, el pleno del Inai emitió un comunicado expresando su preocupación por el retroceso en transparencia que implica la reforma. “Esta medida convierte al Ejecutivo en juez y parte, lo que genera incertidumbre sobre la protección de la información personal”, señaló Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del instituto.
Impacto en la competencia económica y el T-MEC
Analistas y expertos en política económica han advertido sobre los riesgos de esta reforma. La desaparición de la Cofece y el IFT, organismos clave para la regulación de mercados, podría afectar la confianza de inversionistas y dificultar el cumplimiento de compromisos internacionales como el T-MEC.
“La consolidación de facultades en un solo órgano puede generar conflictos de interés y menoscabar la independencia técnica necesaria para garantizar la libre competencia”, explicó el economista Jorge Gutiérrez.
Además, sectores empresariales temen que la centralización de funciones derive en decisiones discrecionales que favorezcan intereses particulares. “Es crucial que el nuevo órgano cuente con un marco regulatorio claro y mecanismos que garanticen su autonomía operativa”, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Nuevo modelo de regulación
Pese a las críticas, los legisladores oficialistas aseguran que esta medida simplificará la estructura del gobierno y optimizará el uso de recursos públicos. Ramírez Cuéllar destacó que la reforma busca “dinamizar los mercados y generar mayores beneficios para los consumidores mediante la eliminación de prácticas anticompetitivas”.
El reto, sin embargo, será demostrar que el nuevo órgano puede mantener los estándares de independencia y efectividad que caracterizaban a las instituciones extintas. Según Sheinbaum, se establecerán controles internos para evitar abusos y garantizar la rendición de cuentas.
La legislación secundaria que definirá el funcionamiento del órgano antimonopolio deberá ser presentada en los próximos meses. Durante este periodo, el Ejecutivo enfrentará presiones tanto internas como externas para garantizar que el nuevo marco regulatorio cumpla con los compromisos internacionales y las necesidades del mercado nacional.
En este contexto, los ciudadanos también tendrán un papel crucial al exigir transparencia y resultados concretos. El proceso de transición marcará un punto de inflexión en la relación entre gobierno e instituciones reguladoras, con implicaciones significativas para el futuro económico y político de México.
