En una sesión tensa y cargada de debates, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron una reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con 335 votos a favor y 108 en contra, la reforma avanza al Senado, suscitando reacciones de polémica entre legisladores y defensores de derechos humanos.
La reforma, promovida como una herramienta para combatir la delincuencia de manera más efectiva, adiciona los delitos de extorsión y aquellos relacionados con fentanilo y otras drogas sintéticas a la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la decisión de excluir al narcomenudeo y la defraudación fiscal, ambos presentes en la propuesta original, generó críticas y cuestionamientos sobre las prioridades de la coalición oficialista.
Exclusión de narcomenudeo y defraudación fiscal
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó dos reservas que eliminaron el narcomenudeo y la defraudación fiscal del dictamen final. En sus palabras, Monreal explicó que la eliminación de estos delitos se realizó para evitar que personas de bajo nivel en el comercio de drogas o pequeños contribuyentes terminen en prisión preventiva sin oportunidad de defensa adecuada. Sin embargo, esta medida no pasó desapercibida para la oposición, que cuestionó si la exclusión responde a una agenda política favorable a ciertos intereses.
“La decisión de Morena de excluir delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal es, sin duda, un paso atrás en la lucha contra la impunidad,” criticó la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, quien también intentó, sin éxito presentar una moción de suspensión para frenar el dictamen. Ballesteros expresó su preocupación por los efectos de esta reforma en los sectores más vulnerables, quienes dijo, podrían enfrentar la prisión preventiva sin recursos suficientes para una defensa adecuada.
Inclusión de delitos relacionados con fentanilo
La reforma incluye una disposición específica que permite prisión preventiva para delitos relacionados con el tráfico y producción de fentanilo y otras drogas sintéticas. Esto incluye la introducción ilegal, desvío, producción, importación, y distribución de precursores químicos, lo que según los legisladores de Morena, responde a la necesidad urgente de frenar la crisis de drogas sintéticas en el país.
“Es fundamental que los jueces y juezas cuenten con herramientas para evitar la liberación indebida de personas implicadas en actividades relacionadas con el fentanilo,” declaró Monreal en tribuna. El coordinador aseguró que esta disposición refleja el compromiso de Morena con la seguridad y el bienestar de la población, y la considera una medida esencial para abordar la problemática del fentanilo en México.
Preocupaciones de la Oposición
Durante la discusión, legisladores de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su desacuerdo con la reforma, argumentando que la ampliación de la prisión preventiva atenta contra los derechos humanos y afectará principalmente a personas de bajos recursos. El diputado Paulo Gonzalo Martínez, del PAN, citó informes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han alertado sobre el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa en México y su impacto desproporcionado en los derechos de las personas.
“De las más de 90 mil personas en prisión preventiva en México, cerca del 40 % no ha recibido sentencia. Hoy, Morena y sus aliados aprueban una reforma que agravará esta situación, afectando a los más vulnerables,” denunció Martínez. En su intervención, el diputado enfatizó que la medida podría llevar a la cárcel a personas inocentes o sin sentencia por delitos menores, mientras excluye delitos de impacto, como el narcomenudeo y la defraudación fiscal.
Martínez también alertó sobre el riesgo de que la prisión preventiva se convierta en una herramienta punitiva para aquellos que no pueden costear una defensa legal adecuada, destacando que este tipo de medidas suelen perjudicar principalmente a personas en condiciones de pobreza.
Postura oficialista: Seguridad y reforma fiscal
Para Morena y sus aliados, la reforma representa un avance en la lucha contra delitos graves que atentan contra la seguridad nacional. Al mismo tiempo, Monreal anunció que Morena impulsará una reforma fiscal profunda con el objetivo de establecer una mayor equidad en la distribución de la riqueza en México.
“En Morena creemos que una sociedad igualitaria requiere un esfuerzo mayor de aquellos que más tienen. La progresividad fiscal es nuestra filosofía, y pronto presentaremos una propuesta de reforma fiscal que aborde esta necesidad,” afirmó Monreal en tribuna. Esta postura fue bien recibida por algunos sectores del partido, quienes ven en la reforma fiscal una oportunidad de reducir la brecha de desigualdad.
Sin embargo, críticos de la propuesta sugieren que una reforma fiscal debería ir de la mano con el combate a delitos como la defraudación fiscal, que ha sido excluido de la reforma. Esta aparente contradicción ha sido señalada por la oposición, que acusa a Morena de beneficiar a ciertos sectores económicos a través de modificaciones a modo.
Debate sobre derechos humanos y seguridad
La reforma reavivó el debate sobre la pertinencia de la prisión preventiva oficiosa en el sistema de justicia mexicano. Para el bloque oficialista, se trata de una herramienta indispensable para garantizar que los responsables de delitos graves no queden en libertad; sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre las posibles implicaciones de esta medida, que podría resultar en el encarcelamiento de personas inocentes o con poca capacidad para defenderse.
“Se trata de una estrategia para fortalecer la seguridad de nuestro país y proteger a nuestra ciudadanía de la delincuencia organizada, especialmente en temas críticos como el fentanilo y otras drogas sintéticas,” declaró en defensa de la reforma la diputada Celeste Ascencio de Morena. Ascencio subrayó que los cambios responden a una urgencia en materia de seguridad pública y destacó el esfuerzo del partido por presentar una propuesta ajustada a las necesidades actuales del país.
Por su parte, la diputada Laura Ballesteros argumentó que ampliar la prisión preventiva no necesariamente equivale a mejorar la seguridad y que en cambio, profundiza las fallas estructurales del sistema de justicia. “No es ampliando la prisión preventiva como se resolverán los problemas de seguridad, sino reformando el sistema de justicia y garantizando una verdadera justicia social,” afirmó Ballesteros.
La reforma al artículo 19 constitucional para ampliar la prisión preventiva pasa ahora al Senado, donde el debate podría intensificarse. La exclusión del narcomenudeo y la defraudación fiscal ha generado escepticismo entre los ciudadanos, quienes cuestionan si la reforma realmente responde a un interés en mejorar la seguridad o si está diseñada a conveniencia.
