El principal tribunal penal de Argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022. La medida se refiere a un caso de defraudación al Estado durante su mandato en el periodo 2007-2015, donde se la acusa de favorecer a un empresario cercano en la asignación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Aunque la sentencia establece prisión y prohibición de ejercer cargos, Fernández no perderá su libertad ni está impedida de postularse en las próximas elecciones. Su defensa anunció que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría extenderse por varios años, por lo que su situación legal aún está en suspenso.
Antes de que se conociera la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, la ex mandataria, de 71 años, publicó un video en la red social X (anteriormente Twitter) en el que comentó que se dirigía a un evento en las afueras de Buenos Aires para “compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres”. Fernández cerró el mensaje lanzando un beso al aire, en un gesto que sus seguidores interpretaron como muestra de tranquilidad ante el fallo judicial.
La condena original fue emitida a multas de 2022, cuando un tribunal federal encontró que Fernández incurrió en un fraude millonario al favorecer al empresario de la construcción Lázaro Báez, amigo cercano y colaborador durante su administración. En su momento, Fernández calificó la sentencia como una “persecución judicial” impulsada por sus oponentes políticos para sacarla de la escena pública.
Lázaro Báez y otros exfuncionarios también recibieron sentencias de prisión en el mismo caso. La situación ha provocado un debate sobre la influencia de la justicia en el ámbito político argentino, especialmente sobre figuras de larga trayectoria como Fernández.
