Después de 70 días de paro en juzgados y tribunales federales ubicados en el Palacio de Justicia de San Lázaro, en la Ciudad de México, el Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció que retomará sus actividades el próximo lunes 11 de noviembre de 2024. La decisión, resultado de un acuerdo entre magistrados, jueces y representantes de los trabajadores, marca el final de un periodo que afectó la continuidad de numerosos procesos judiciales y generó preocupación en la ciudadanía.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió previamente la Circular 23/2024, en la cual establecía medidas administrativas para el personal en paro, incluyendo el control de asistencia y descuentos salariales para quienes mantuvieran la suspensión de labores. Esta disposición contribuyó a acelerar el diálogo entre las partes, culminando en el consenso alcanzado el pasado 6 de noviembre.
En el comunicado, firmado por los magistrados Juan Alfonso Patiño Chávez e Iliana Fabricia Contreras Perales, así como por los jueces Édgar Martín Gasca de la Peña, Virginia Gutiérrez Cisneros, Luis Antonio Hernández Berrios y Esperanza Arias Vázquez, se destacó la importancia del regreso a labores como una responsabilidad compartida para brindar un servicio judicial eficiente y transparente.
“Nuestro compromiso con la sociedad es absoluto. Al retomar las actividades, reafirmamos la independencia judicial y la división de poderes, esenciales para el estado de derecho y la democracia”, se lee en el comunicado. La reanudación de actividades incluye también la reactivación de plazos y términos procesales, lo que permitirá que los casos pendientes en San Lázaro vuelvan a avanzar.
Impacto del paro en el Poder Judicial
El paro de labores en el PJF, que afectó a más de 5 mil empleados en San Lázaro, tuvo un fuerte impacto en los procesos judiciales y en la percepción pública de la justicia en México. Desde el 19 de agosto, cuando inició la suspensión, miles de expedientes quedaron en pausa, afectando tanto a los litigantes como a ciudadanos en espera de resoluciones. La situación generó inquietud en el ámbito judicial y en la sociedad, que reclamaba la reanudación de actividades para evitar un rezago aún mayor en los tribunales.
El motivo del paro fue una combinación de demandas laborales y protestas en contra de ciertas políticas administrativas implementadas por el CJF. Entre los puntos de conflicto se encontraba el rechazo a medidas de control de asistencia y la imposición de descuentos salariales, que los trabajadores consideraron un atentado contra sus derechos. La postura del CJF, sin embargo, fue firme en aplicar dichas medidas para regular la situación.
Mensaje de magistrados y jueces involucrados
El magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, uno de los firmantes del comunicado, señaló que el diálogo entre las autoridades judiciales y los representantes sindicales fue crucial para alcanzar una solución. “Es fundamental que el PJF se mantenga al servicio de la ciudadanía y que los conflictos laborales no impidan el acceso a la justicia. Hemos llegado a un acuerdo que garantiza la estabilidad de nuestro trabajo y, sobre todo, el respeto a los principios judiciales que debemos defender”, afirmó.
Por su parte, la magistrada Iliana Fabricia Contreras Perales expresó su satisfacción por el acuerdo logrado. “Hemos trabajado para llegar a un consenso que priorice el derecho a la justicia de todos los mexicanos. Con el retorno a labores, reafirmamos nuestro compromiso con un sistema judicial eficaz y transparente”, indicó.
Reacción de representantes sindicales
Los representantes sindicales, aunque inicialmente reticentes a aceptar las condiciones del CJF, mostraron disposición para alcanzar el acuerdo y garantizar el retorno a las labores. Durante el proceso de negociación, insistieron en la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal judicial, a fin de preservar su independencia y asegurar un servicio de calidad.
Uno de los representantes de los trabajadores, que prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que “el paro fue una medida extrema que adoptamos para hacernos escuchar. No fue una decisión fácil, pero sentimos que era necesario defender nuestros derechos laborales. Nos complace que, tras días de conversaciones, finalmente logramos un acuerdo”.
El regreso a actividades en San Lázaro marca un paso importante en la recuperación del ritmo judicial en el país. Con la reanudación de los plazos procesales, se espera que miles de casos pendientes comiencen a moverse de nuevo en los tribunales. Los magistrados y jueces reiteraron su compromiso de trabajar con eficiencia y de brindar un servicio público que respete la independencia del Poder Judicial y los derechos de los ciudadanos.
El Consejo de la Judicatura Federal indicó que estará atento al cumplimiento de los acuerdos y a la supervisión del regreso ordenado de los empleados a sus funciones, asimismo el CJF, señaló que continuará implementando medidas para garantizar la eficiencia del sistema judicial sin afectar los derechos laborales de su personal.
