La creciente violencia en México, impulsada por enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad, ha tenido un fuerte impacto en la inversión y el desarrollo económico, sobre todo en las zonas controladas por el crimen organizado. Este escenario ha generado una alarmante disminución de la confianza pública en las instituciones, ya que la infiltración de estos grupos en el aparato gubernamental sigue debilitando el estado de derecho.
Ante esta situación, un nuevo proyecto de reforma destaca la urgencia de redoblar esfuerzos en la seguridad pública en todo el territorio nacional. La Secretaría de Seguridad Pública reconoce áreas pendientes en materia de prevención del delito y seguridad nacional, con énfasis en la transparencia, rendición de cuentas, profesionalización, cooperación interinstitucional y adopción de tecnología innovadora. Los impulsores del proyecto recalcan que el fortalecimiento de la seguridad es “una deuda que el Estado tiene para con la ciudadanía”.
Este proyecto también contempla la modernización de diversos servicios a través de la gobernanza digital y la actualización del sistema de identificación personal, lo cual implica la incorporación de nuevas tecnologías para facilitar la interacción entre el gobierno y los ciudadanos. Se menciona que, como parte de estos cambios, el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), responsable de documentar las actividades del Ejecutivo Federal, se integrará a la Secretaría de Gobernación para optimizar su funcionamiento.
Además, se establece que la Secretaría de Gobernación podría asumir un rol de asesoría al Ejecutivo Federal en la elección de los integrantes del Poder Judicial, lo que implica una intervención inédita en este proceso de designación. En el ámbito de las relaciones exteriores, se proyecta reforzar la asistencia a la comunidad mexicana en Estados Unidos, reconociendo que hasta el momento esta ha sido insuficiente. Asimismo, la cancillería afirma que “México debe mantener un papel activo” en la escena internacional para proteger los intereses de sus ciudadanos en el extranjero.
Un cambio relevante es la propuesta de transformación de la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Este nuevo organismo se encargará de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, priorizando la eficiencia, transparencia y honestidad en el servicio público. Con esta reestructuración, el gobierno busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y dignificar la carrera en el servicio público.
Finalmente, se plantea la creación de una Agencia Digital que impulse un marco jurídico nacional actualizado, con el objetivo de reconocer y proteger los nuevos derechos digitales de los ciudadanos. Este avance permitiría agilizar trámites y promover una relación más directa entre el gobierno y la sociedad mediante el uso de herramientas digitales.
Las reformas propuestas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, representan un esfuerzo integral para enfrentar los problemas de inseguridad y corrupción en México, mientras se modernizan los procesos de gobernanza. Aunque queda un camino por recorrer, estas iniciativas buscan devolver la confianza en las instituciones y fortalecer la respuesta del Estado a los desafíos actuales.
