22 noviembre, 2024

 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró la reciente aprobación de la supremacía constitucional, una reforma que reafirma que la Constitución no puede ser impugnada. Brugada resaltó que, desde la promulgación de la Constitución de 1917, nunca se había cuestionado su supremacía, y que la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido históricamente defender este principio fundamental.

 

Durante un evento en las colonias Barrio Norte y Olivar del Conde, la mandataria capitalina hizo un llamado a la SCJN, destacando que la reciente intención de invalidar la reforma al Poder Judicial representa una extralimitación de sus funciones. Brugada aseguró que “la Corte está para defender la Constitución, no para intentar modificarla”, en alusión a las acciones recientes de los ministros que buscan revertir la reforma judicial aprobada por el Legislativo.

 

Brugada recordó que, a lo largo de más de un siglo, la Constitución mexicana ha sido modificada en 771 ocasiones, algunas de ellas en contra de los intereses del pueblo, como ocurrió en la reforma energética. Sin embargo, subrayó que nunca antes el máximo tribunal del país había aceptado impugnaciones directas contra el texto constitucional, ya que se consideraba incuestionable su primacía.

 

 

La jefa de Gobierno explicó que esta reforma busca aclarar explícitamente en la Carta Magna que su contenido no puede ser impugnado por la Corte, con el objetivo de evitar malinterpretaciones y asegurar el respeto de las decisiones tomadas por el Legislativo. “Parece que hoy se les olvida a algunos ministros su función de defender la Constitución, y están actuando al revés”, comentó.

 

Además, Brugada señaló que la reforma responde a un contexto de tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, especialmente ahora que varios ministros están próximos a dejar sus cargos. La mandataria concluyó su intervención enfatizando que la supremacía constitucional es un pilar del sistema democrático mexicano, y que su defensa es esencial para la estabilidad institucional y el respeto a la voluntad popular.

 

La aprobación de esta reforma representa un esfuerzo por reafirmar la soberanía de la Constitución y evitar posibles enfrentamientos entre los poderes del Estado.