El paro de labores del Poder Judicial, iniciado el pasado 19 de agosto como protesta contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, generó un impacto significativo en las finanzas públicas. Según datos recientes compartidos por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, este paro, que duró 67 días, resultó en un daño económico superior a los 12 mil 650 millones de pesos.
En una publicación en redes sociales, Batres detalló que, considerando el presupuesto anual asignado a los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, la interrupción diaria de actividades representó un costo de 188 millones 814 mil 414 pesos. Este paro involucró a trabajadores de juzgados y tribunales de circuito, quienes manifestaron su rechazo a la reforma que establece, entre otros cambios, la elección popular de jueces y magistrados en 2025, un tema que generó tensión entre los trabajadores judiciales y la administración pública.
Paro sin precedentes: causas y consecuencias
El paro de labores del Poder Judicial comenzó con el respaldo de jueces, magistrados y personal administrativo, quienes protestaron en contra de la reforma judicial aprobada en septiembre, que pretende introducir la elección popular para la mitad de los jueces y magistrados, además de la totalidad de los ministros de la SCJN.
El paro se extendió durante más de dos meses, afectando gravemente el funcionamiento de los tribunales y juzgados en el país, lo que generó un retraso considerable en la impartición de justicia y en la tramitación de casos urgentes.
Lenia Batres señaló que este paro fue una medida excepcional, impulsada por el descontento hacia la reforma judicial. En su mensaje, resaltó que “los trabajadores y operadores de justicia defendieron su independencia y derecho a condiciones laborales dignas, al mismo tiempo que mostraban su inconformidad con una reforma que consideran una amenaza a la imparcialidad de sus cargos”.
El pasado 23 de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial, votó en sesión dividida para reanudar las actividades judiciales en todo el país. La decisión, reflejada en la Circular 23/2024, concluyó el paro de labores e impuso sanciones a aquellos trabajadores que persistieran en la protesta. Con cuatro votos a favor y tres en contra, el CJF estableció la obligatoriedad del control de asistencia para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema judicial.
En este contexto, el CJF también recordó a los titulares de los órganos jurisdiccionales su responsabilidad de asegurar que todos los empleados cumplan con las disposiciones administrativas y operativas. Esta decisión fue un intento por normalizar el acceso a la justicia en México, al tiempo que se buscó mitigar los efectos de la reforma judicial, que, según críticos, compromete la autonomía y profesionalismo en el sistema de justicia.
Costos financieros y sociales del paro
La cifra estimada de 12 mil 650 millones de pesos representa una pérdida que impacta no solo en las finanzas públicas, sino en el acceso a la justicia de los ciudadanos. Además del costo monetario, el paro resultó en la suspensión de miles de audiencias, procesos judiciales y trámites urgentes que quedaron estancados. Según cálculos de expertos en el sector, la pausa prolongada de actividades afectó principalmente a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, quienes dependen del sistema de justicia para resolver problemas de custodia, derechos laborales y acceso a la salud, entre otros asuntos prioritarios.
Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, calificó el paro como “un reflejo de la inconformidad latente en el Poder Judicial”. Aunque reconoció la validez de la protesta, enfatizó la necesidad de evitar que acciones similares se conviertan en un obstáculo para el acceso a la justicia en el país. “Es fundamental que todos los poderes trabajen en conjunto para hallar soluciones que eviten que la justicia quede en pausa”, declaró Fernández Noroña en un comunicado.
Postura de los trabajadores y el futuro de la reforma judicial
Desde el inicio del paro, los trabajadores del Poder Judicial expresaron sus inquietudes sobre la reforma, que, según ellos, amenaza con politizar el proceso de selección de jueces y magistrados, además de poner en riesgo la independencia del sistema judicial. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial expresó en diversas ocasiones su descontento con la propuesta de elección popular, argumentando que esta medida podría priorizar la afinidad política sobre la experiencia y el profesionalismo.
El secretario general del sindicato, Carlos López Herrera, defendió la decisión de sus compañeros de sumarse al paro, señalando que “el personal del Poder Judicial no está dispuesto a sacrificar la imparcialidad de la justicia mexicana”. Asimismo, advirtió que el sindicato tomará nuevas medidas si considera que la reforma compromete los principios de justicia y autonomía.
Por otro lado, los defensores de la reforma argumentan que la introducción de la elección popular permitirá una mayor transparencia en el Poder Judicial y acercará la justicia a la ciudadanía. Sin embargo, críticos como Lenia Batres y algunos representantes de la comunidad jurídica sostienen que la reforma, en su forma actual, genera dudas sobre la capacidad de los nuevos jueces y magistrados para actuar con independencia de los intereses políticos.
Llamado a la estabilidad y el diálogo
El fin del paro no implica que el conflicto esté resuelto. Aunque las actividades se han retomado, el debate sobre la reforma judicial continúa, con posturas firmes tanto a favor como en contra. Los legisladores y funcionarios del Poder Judicial han instado al gobierno a abrir espacios de diálogo para garantizar que las modificaciones en el sistema de justicia no afecten la imparcialidad ni el acceso equitativo.
Lenia Batres subrayó en su mensaje la importancia de construir un marco de colaboración entre el Poder Judicial y el gobierno para resolver las diferencias en torno a la reforma judicial. “La independencia del Poder Judicial debe ser una prioridad para México. El diálogo y el respeto a las instituciones son esenciales para fortalecer la democracia y la justicia”, afirmó la ministra.
La reapertura de los juzgados y tribunales es un paso crucial para restaurar el funcionamiento del sistema de justicia en México, pero el impacto del paro en términos económicos y sociales ha dejado una marca significativa en el país. Con el futuro de la reforma aún en debate, la necesidad de mantener un Poder Judicial fuerte e independiente sigue siendo una de las principales preocupaciones tanto para las autoridades como para la ciudadanía.
