En un movimiento sin precedentes, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han presentado su renuncia, incluyendo a la presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández. La renuncia de Piña y sus colegas fue presentada al Senado en el último día permitido por la nueva reforma judicial, en la que los altos funcionarios deben decidir si continuarán hasta el final de su encargo o se acogerán al retiro anticipado sin participar en la elección judicial de 2025.
El anuncio fue confirmado por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien explicó que las dimisiones serán efectivas el 31 de agosto de 2025. Además de Piña, los ministros que renunciaron son Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
La renuncia masiva ocurre en el contexto de una reforma judicial que establece la elección popular para los jueces, magistrados y ministros, programada para el primer domingo de junio de 2025. Norma Piña y otros ministros han manifestado sus dudas sobre la viabilidad y transparencia de este nuevo proceso. Al respecto, Piña comentó: “La decisión de renunciar refleja un profundo compromiso con la autonomía del Poder Judicial y una clara postura en contra de la reciente reforma”.
Fernández Noroña expresó que las renuncias han sido enviadas para su discusión en el Senado, y aunque están bajo revisión, considera que es posible que el Senado rechace dichas renuncias. “No debemos dejar que estas decisiones se conviertan en una vía para escapar de la responsabilidad de ejercer justicia en el país”, declaró.
Argumentos en defensa del retiro anticipado
El régimen transitorio de la reforma, publicado el 15 de septiembre de este año, establece que los ministros pueden acogerse a un retiro anticipado y recibir su haber de retiro. Sin embargo, al aceptar este beneficio, también declinan participar en el nuevo proceso electoral para jueces y magistrados. Para los ministros que sí decidan competir en la elección de 2025, no habrá opción a este haber de retiro.
Margarita Ríos Farjat fue una de las primeras en presentar su renuncia. En su carta al Senado, Ríos Farjat declaró: “El mandato que hoy se nos exige contradice el propósito original de nuestra encomienda. La renuncia no implica convalidar la reforma; más bien, es una manera de subrayar el impacto de un cambio que considero perjudicial para la justicia en México”. Al igual que Piña, Ríos Farjat ha renunciado a su pensión vitalicia.
Críticas y defensas del proceso de selección por voto popular
La oposición ha manifestado su desacuerdo con la reforma, argumentando que se trata de un intento de politizar el Poder Judicial y poner en peligro su independencia. Para ellos, el voto popular introduce un riesgo de parcialidad y falta de transparencia en el nombramiento de quienes ocuparán las más altas posiciones judiciales.
La magistrada Adriana Ortega Ortiz, quien participa activamente en la discusión sobre los efectos de la reforma, comentó en una conferencia de prensa: “La elección popular para cargos de magistrados y jueces no garantiza una selección de los candidatos mejor preparados. Los términos de esta reforma están obligando a muchos juzgadores a abandonar la carrera que han dedicado años de su vida a construir”.
Ortega Ortiz señaló que, a pesar de la narrativa oficial, la decisión de renunciar no ha sido completamente voluntaria. “No queríamos dejar nuestro trabajo. Queremos servir al país y aplicar la justicia que hemos estudiado durante toda una vida. La situación actual es una de renuncia forzada, una disyuntiva a la que nos enfrentan los términos de la reforma”, comentó.
Reacción del Senado
En el Senado, legisladores de la oposición han criticado la reforma y manifestado su apoyo a los ministros que han decidido renunciar. Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, mencionó en sus redes sociales que revisarán cada renuncia “con lupa” para asegurarse de que se cumplan los requisitos y la transparencia en el proceso. Por su parte, el senador Ricardo Monreal defendió el proceso, argumentando que “la renovación judicial es un paso necesario para acercar la justicia a la ciudadanía”.
La renuncia de los ministros ha polarizado aún más la discusión. Fernández Noroña, desde la Mesa Directiva del Senado, expresó que se revisarán las condiciones del retiro y que podrían haber objeciones a la pensión vitalicia de quienes renuncien antes del final de su mandato.
Las renuncias marcan un momento clave en la historia de la Suprema Corte. La partida de casi tres cuartas partes de sus miembros plantea preguntas sobre el futuro del Poder Judicial y la continuidad de los casos de gran relevancia nacional. Además, expertos en derecho advierten que la falta de continuidad en la Corte podría afectar la eficiencia de los procesos judiciales, y algunos sugieren que es necesaria una reestructuración que permita atender el vacío que estas renuncias dejarán.
Mientras el Senado analiza las renuncias y evalúa la situación del haber de retiro, el Poder Judicial queda a la expectativa de los pasos siguientes. Si bien esta decisión abre la puerta a un cambio estructural, también implica retos significativos para asegurar que la justicia no se vea comprometida en el proceso.
El próximo año será decisivo para el futuro de la justicia en México, y tanto la sociedad civil como las autoridades estarán observando el desarrollo de esta reforma que, según sus críticos, podría tener consecuencias a largo plazo para la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.
