En un proyecto de sentencia que ha captado la atención pública, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha propuesto invalidar parcialmente la reciente reforma judicial, aprobada en septiembre, que introduce la elección popular de ministros, magistrados y jueces. El proyecto, presentado al Pleno de la Corte, argumenta que el proceso electoral que se contempla para estos cargos no garantiza seguridad jurídica ni transparencia en el sistema democrático, lo que representa un riesgo para la impartición de justicia en México.
Motivos detrás de la propuesta de invalidez
El documento de 366 páginas, elaborado por el ministro Carrancá, apunta a deficiencias en la reforma que, según él, afectan derechos fundamentales de los ciudadanos y ponen en riesgo la calidad de la justicia. Uno de los puntos destacados es que la selección de candidatos por el Senado, iniciada el pasado 12 de octubre, con una lista de 711 funcionarios, carece de claridad y transparencia. Para Carrancá, este proceso no brinda certeza sobre los perfiles de los candidatos ni sobre los criterios utilizados para incluirlos en las listas electorales.
“El sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático. No existe certeza para los aspirantes al cargo de las cualidades que resultarán definitorias para ser incluidos en las listas”, argumenta el ministro en el proyecto. Esto, según él, afecta tanto a los candidatos como a los votantes, quienes no tienen una base confiable para emitir un voto informado en las próximas elecciones judiciales de junio de 2025.
Postura del ministro Carrancá sobre la elección popular de jueces
Una de las propuestas más relevantes de la reforma judicial es que los cargos en el Poder Judicial, como ministros, magistrados y jueces, sean seleccionados mediante elecciones populares. Sin embargo, el ministro Carrancá cuestiona este enfoque, señalando que el sistema actual de elección popular, combinado con la falta de claridad en los mecanismos de selección, “corrompe los fundamentos de nuestra República representativa y democrática”.
Carrancá considera que, sin los requisitos de transparencia y seguridad jurídica, este modelo puede desencadenar un retroceso en la imparcialidad del sistema judicial mexicano, al exponer a los jueces y magistrados a presiones externas y comprometer su independencia. Por otra parte, el ministro plantea que las figuras conocidas como “jueces sin rostro” —una medida para proteger la identidad de jueces en casos de alto riesgo— son inconstitucionales, ya que, según él, “resguardar la identidad de los jueces va en contra de las garantías del debido proceso, especialmente en casos penales”.
Autocontención y respeto entre los poderes
El ministro Carrancá también propone al Pleno de la SCJN practicar la “autocontención”, es decir, no intervenir en algunos aspectos de la reforma, en aras de mantener el equilibrio entre poderes y no agravar la crisis constitucional. En su proyecto, subraya la necesidad de preservar la imagen y legitimidad del Tribunal ante la opinión pública, argumentando que un fallo que abarque la totalidad de la reforma podría aumentar las tensiones entre los Poderes de la Unión. “En la consciencia de que la legitimidad del actuar constitucional de este Tribunal ha sido erosionada, consideramos necesaria una mesura institucional en la relación entre los poderes”, señala el proyecto.
Este llamado a la autocontención es especialmente relevante en el contexto de la reducción de plazas ministeriales que propone la reforma: de once ministros actuales a solo nueve. Para Carrancá, esta medida podría tener implicaciones significativas en la capacidad de la SCJN para abordar la carga judicial, pero al mismo tiempo destaca la importancia de que la Corte no exceda sus facultades al revisar todos los aspectos de una reforma aprobada constitucionalmente por el Legislativo.
Críticas al Tribunal de Disciplina Judicial
Otro de los puntos centrales del proyecto es la crítica a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Carrancá señala que sus facultades no han sido claramente definidas, lo cual podría dar lugar a interpretaciones subjetivas y abusivas de poder. Esto, de acuerdo con el ministro, podría convertir al Tribunal en un “instrumento de sometimiento y control” sobre los juzgadores.
Para el ministro, es preocupante que las facultades de este Tribunal excedan el ámbito de responsabilidades administrativas, ya que se otorga el poder de imponer sanciones bajo conceptos vagamente definidos, lo cual podría afectar la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de su labor. “La amplitud y ambigüedad de sus facultades podrían constituirse en un mecanismo encubierto de control y sometimiento de las personas juzgadoras”, subraya Carrancá en el proyecto.
Reacciones de los actores involucrados
Desde su publicación, el proyecto ha sido bien recibido por algunos partidos políticos, entre ellos el PAN y el PRI, que presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la SCJN para impugnar la reforma. La senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez, destacó la importancia de este proyecto como un paso hacia la “protección de la autonomía judicial”. “Es esencial que el Poder Judicial permanezca libre de presiones externas y que la elección de jueces no sea un proceso de popularidad, sino de mérito”, comentó Gálvez.
Por su parte, legisladores de Morena han rechazado la propuesta del ministro Carrancá, defendiendo que la reforma es una respuesta a las demandas ciudadanas de mayor transparencia y participación en el Poder Judicial. El diputado Ricardo Monreal comentó que la elección popular de jueces representa “una oportunidad para acercar la justicia a la gente”, asegurando que los mecanismos necesarios para garantizar transparencia y seguridad se establecerán en el reglamento de la ley. Adelantó que no acatará la resolución del Tribunal dela SCJN y que la elección de jueces y magistrados se realizará.
El futuro de la reforma y el rol de la SCJN
A la espera de la discusión en el Pleno de la SCJN, el proyecto de Carrancá marca una postura crítica frente a la reforma judicial, abriendo un debate sobre la independencia judicial, la transparencia y la influencia política en el sistema de justicia. Si bien aún no se define la fecha para la votación del proyecto, los otros ministros ya han recibido el documento para su análisis, lo que plantea un escenario de intenso debate en los próximos días.
La decisión final del Pleno será crucial, pues no solo determinará el futuro de la reforma judicial, sino también la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y su capacidad para mantener su independencia en un contexto de cambios estructurales y demandas de democratización en todos los niveles del gobierno.
En conclusión, el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá plantea preguntas esenciales sobre el equilibrio entre la democratización y la independencia judicial. En un país donde la justicia ha sido un punto clave de discusión política y social, este proyecto de sentencia podría ser un referente para el futuro de la justicia en México y la manera en que se selecciona a quienes están encargados de aplicarla.
