En una decisión que ha generado un intenso debate, Morena aprobó en comisiones del Senado un dictamen que modifica la Constitución y hace prácticamente imposible impugnar reformas constitucionales mediante amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
Esta medida, presentada por el senador Adán Augusto López, ha despertado preocupaciones entre académicos, legisladores de oposición y defensores de derechos humanos, quienes la califican como un intento de blindar los cambios constitucionales impulsados por el partido en el poder, debilitando los mecanismos de defensa ciudadana.
Reforma polémica y sus implicaciones
El dictamen fue aprobado en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos con 24 votos a favor y 10 en contra, y será discutido hoy en el pleno del Senado. Este cambio en la Carta Magna impediría que ciudadanos e instituciones pudieran impugnar reformas constitucionales ante tribunales, lo que en palabras del morenista Alejandro González Yáñez, busca “reafirmar y reforzar lo que ya dice la legislación actual”. El senador explicó que la intención es evitar interpretaciones sesgadas de jueces y ciudadanos que intentan “impugnar lo inimpugnable”.
La propuesta original también prohibía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atendiera recursos contra la reforma judicial aprobada este año, un tema especialmente delicado que ha mantenido en tensión a los poderes del Estado. Esta cláusula fue matizada después de que la presidenta Claudia Sheinbaum sugiriera algunos ajustes, pero la esencia de la reforma se mantiene: limitar las herramientas legales para impugnar cualquier cambio a la Constitución.
Ajustes de última hora
Tras las críticas generadas por la propuesta inicial, Morena realizó ajustes significativos. Se eliminaron varias de las cláusulas más controvertidas, como la que colocaba a México fuera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al limitar la aplicación del control de convencionalidad. De igual manera, se eliminó la adición al artículo 103, que exceptuaba a las reformas constitucionales de ser objeto de controversias legales.
A pesar de estos cambios, persisten las preocupaciones. La priista Claudia Anaya celebró las modificaciones, pero afirmó que son insuficientes. “Esta reforma, aunque suavizada, sigue siendo un ataque a los mecanismos de defensa de los derechos humanos en México”, afirmó. Anaya argumentó que aunque ya no se mencione explícitamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la reforma sigue debilitando los principios fundamentales de protección a los ciudadanos.
Debate en el Senado: Tensiones y enfrentamientos
El debate en comisiones no se limitó a las cuestiones técnicas del dictamen, sino que incluyó fuertes intercambios verbales entre el morenista Adán Augusto López y el panista Marko Cortés, líder de la oposición. Cortés, quien ha sido uno de los principales críticos de la reforma, acusó a Morena de “comprar su mayoría calificada” y recordó que en el partido hay muchos expriistas, experredistas y expanistas.
Adán Augusto respondió con firmeza, afirmando que no le avergonzaba haber sido priista y perredista en el pasado, y lanzó una crítica directa a Cortés, sugiriendo que el panista aún recibía beneficios de su partido pese a sus alianzas cambiantes. Este intercambio fue parte de un ambiente tenso durante la discusión, con varios senadores de ambos bandos elevando el tono de sus intervenciones.
Ricardo Anaya, también del PAN, intervino señalando que la reforma es un claro intento de Morena por limitar los contrapesos al poder. “Están cegados por su pleito con el Poder Judicial. Esta reforma es solo un paso más en su estrategia de desmantelar las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes en México”, afirmó. Anaya también señaló que la SCJN debe ser capaz de revisar las reformas que afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que esa es su función principal dentro del sistema democrático.
Reacción de expertos y sociedad civil
Fuera del Senado, el rechazo a la reforma ha sido contundente. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, calificó la iniciativa como “regresiva” y “autoritana”. En una entrevista con Imagen Radio, Martín Reyes afirmó que “esta reforma busca limitar los mecanismos de defensa que los ciudadanos tienen para proteger sus derechos”. El experto recordó que México tardó años en incorporar las normas de derechos humanos a su Constitución en la histórica reforma de 2011, y que este nuevo cambio sería un retroceso significativo.
Además, Martín Reyes argumentó que la reforma evidencia una pésima técnica legislativa, ya que incluso dentro de Morena hubo confusión sobre los alcances de los cambios propuestos. “Es preocupante que una reforma de esta magnitud se esté discutiendo con tan poca claridad y en un ambiente tan cargado de tensiones políticas”, agregó.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, también han manifestado su preocupación por el impacto de la reforma en el sistema de derechos humanos en México. Estas organizaciones han pedido al Senado que se reconsideren los puntos más controvertidos de la iniciativa antes de que sea aprobada en su totalidad.
¿Qué sigue?
A pesar de la fuerte oposición, Morena ha decidido acelerar el proceso legislativo, con la intención de aprobar la reforma en el pleno del Senado este jueves 24 de octubre. El control que Morena tiene sobre la mayoría en ambas cámaras hace previsible que la reforma sea aprobada, aunque es probable que continúe generando controversias tanto en el ámbito legal como en el político.
El futuro de esta reforma dependerá, en parte, de las posibles impugnaciones que puedan presentarse, irónicamente, antes de que los cambios entren en vigor. Algunos legisladores han adelantado que presentarán recursos legales en defensa del principio de retroactividad y los derechos humanos.
Mientras tanto, los ciudadanos y expertos continúan siguiendo de cerca este proceso, conscientes de que los cambios constitucionales que se están aprobando podrían tener un impacto duradero en la democracia mexicana. La discusión sobre el equilibrio de poderes, la independencia del Poder Judicial y el respeto a los derechos fundamentales seguirá siendo central en la política mexicana en los próximos meses.
La reforma constitucional impulsada por Morena ha encendido un debate sobre los límites del poder y los mecanismos de defensa de los derechos ciudadanos. A pesar de las modificaciones introducidas, la preocupación persiste sobre el impacto que tendrá esta reforma en el futuro del sistema judicial y de derechos humanos en México. Con una mayoría legislativa que parece decidida a avanzar con estos cambios, el Senado enfrenta un momento crucial para definir el rumbo de la democracia en el país.
