El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha puesto fin al paro de labores que afectaba a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) desde agosto de este año. Tras una votación mayoritaria de cuatro votos a favor y tres en contra, la resolución fue adoptada en una sesión encabezada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Esta decisión ha causado una fuerte reacción entre los participantes y empleados del sistema judicial, marcando un punto crucial en el conflicto en torno a la reforma judicial aprobada recientemente.
El paro, que inició el pasado 19 de agosto como forma de protesta ante la reforma judicial impulsada por el Poder Legislativo, afectó a miles de trabajadores del Poder Judicial. La reforma, que ha sido fuertemente criticada por jueces, magistrados y diversas organizaciones, incluye medidas que modifican la forma en que se seleccionan los jueces, introduciendo un sistema de tómbola y la elección de jueces y magistrados por voto popular. Esta situación ha generado un gran debate sobre la autonomía del Poder Judicial y el impacto que estas decisiones pueden tener en la impartición de justicia en México.
CJF resuelve: vuelta al trabajo o descuentos
La decisión del CJF de finalizar el paro incluye la advertencia de que habrá un descuento del día a aquellos jueces y magistrados que no se presenten a sus labores a partir del 24 de octubre. Esta resolución fue anunciada a través de la Circular 23/2024, que establece que todos los Tribunales y Juzgados del país deberán reanudar sus actividades por completo, sin excepción. Además, el CJF instruyó a las áreas administrativas para que apliquen las normas vigentes respecto al control de asistencia, garantizando que los empleados que no se presenten a trabajar sean sancionados económicamente.
Los consejeros que votaron a favor de finalizar el paro fueron Bernardo Bátiz, Verónica De Gyvés Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez, quienes argumentaron la necesidad de restaurar el orden en el sistema judicial para asegurar la impartición de justicia. Por otro lado, la ministra Piña Hernández, junto con los consejeros Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez, se manifestaron en contra de esta decisión, resaltando la importancia de escuchar las demandas de los jueces y magistrados antes de imponer sanciones.
Reacciones de los juzgadores: desacuerdo con el CJF
Pese a la resolución del CJF, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) emitió un comunicado en el que anunciaron que retomarán sus labores hasta el 28 de octubre, no el 24 como lo determinó el Consejo. En este comunicado, los integrantes de la JUFED afirmaron que la decisión de retomar actividades responde a una determinación autónoma en beneficio de la población, pero que no claudican en su lucha contra lo que califican como una reforma injusta y anticonstitucional.
Patricia Aguayo, vocera de los juzgadores, enfatizó que “esta resistencia continúa por parte de las personas juzgadoras dentro de los cauces legales”, resaltando que el compromiso de los jueces y magistrados sigue siendo la defensa del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Durante una reunión en el Palacio de Justicia Federal, ubicada en San Lázaro, los jueces y magistrados definirán las acciones a seguir en su lucha contra la reforma judicial, dejando en claro que, si no se atienden sus demandas, no descartan reanudar el paro en el futuro.
Impacto de la reforma judicial
La reforma judicial que desató el conflicto en el Poder Judicial introduce cambios significativos en la manera de seleccionar jueces y magistrados, como la tómbola para seleccionar a funcionarios judiciales y la elección por voto popular. Estas medidas han sido duramente criticadas por ser percibidas como una amenaza a la autonomía e independencia del Poder Judicial, ya que, según los opositores, podrían abrir la puerta a influencias políticas en la selección de jueces.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la eliminación de la posibilidad de que los jueces permanezcan en sus cargos de manera indefinida, siendo reemplazados por funcionarios electos. Esta medida ha generado preocupación en diversos sectores, que argumentan que podría comprometer la estabilidad y la continuidad en la impartición de justicia.
El dictamen de la reforma fue aprobado por el Poder Legislativo y entró en vigor el pasado 16 de septiembre tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Desde entonces, ha sido objeto de amparos e impugnaciones, tanto por parte de trabajadores del PJF como de organizaciones civiles, quienes han alertado sobre las implicaciones negativas que podría tener para el sistema judicial mexicano.
Apoyo a los juzgadores
A pesar del fin del paro decretado por el CJF, los jueces y magistrados han manifestado que cuentan con el respaldo de la sociedad civil y de diversas organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales. En su comunicado, la JUFED hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva, de manera definitiva, los medios legales interpuestos en contra de la reforma y se restablezca el orden constitucional.
Además, se solicitó al CJF que asuma su papel como órgano de administración y respete la autonomía del Poder Judicial, instando a que se pronuncie sobre las peticiones planteadas por las asociaciones de juzgadores. Hasta el momento, muchas de estas demandas no han sido atendidas, lo que mantiene latente el riesgo de que se reactive el paro de labores en el futuro.
¿Qué sigue?
El desenlace de este conflicto dependerá, en gran medida, de cómo responda el CJF a las peticiones de los jueces y magistrados, así como de las decisiones que tome la SCJN respecto a los amparos presentados. Mientras tanto, el PJF se prepara para retomar sus actividades de manera gradual, a pesar de la inconformidad de muchos de sus miembros.
El paro de labores, que duró más de dos meses, ha puesto en evidencia las tensiones entre los diferentes poderes del Estado y ha suscitado un debate profundo sobre la necesidad de reformas en el sistema judicial. No obstante, la implementación de estas reformas debe ser cuidadosamente evaluada para garantizar que no comprometa los principios fundamentales del Estado de derecho en México.
