Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lanzó una advertencia contundente: los derechos humanos en México y en el mundo están en grave riesgo debido a los embates contra la democracia constitucional.
Durante su participación en la inauguración del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Piña subrayó la importancia de los valores fundamentales de un Estado constitucional y advirtió sobre los peligros que enfrenta la independencia judicial en el contexto actual.
Constitución como garantía de la democracia
Norma Piña fue clara al señalar que “no basta con tener una Constitución para que un Estado sea verdaderamente constitucional”. Según la ministra, el respeto a la democracia, la división de poderes, el Estado de derecho y la independencia judicial son pilares que deben ser protegidos para evitar que el poder se concentre sin control.
“Los derechos humanos están en riesgo cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado y controlado”, afirmó, en referencia a los recientes acontecimientos que han puesto en tensión estos principios en el país.
La ministra también alertó sobre los peligros de los “golpes de timón” en el constitucionalismo, haciendo alusión a las modificaciones en las estructuras judiciales y a las reformas legales que podrían afectar la estabilidad del sistema democrático mexicano. Piña subrayó que, aunque México cuenta con una Constitución, esto no garantiza automáticamente la existencia de un Estado constitucional si no se preservan sus principios básicos.
Diego Valadés: la posdemocracia y posconstitucionalismo amenazan a las instituciones
Durante su intervención, Diego Valadés Ríos, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y académico emérito de la UNAM, complementó la visión de Piña al describir un panorama sombrío para muchas naciones en el mundo, incluida México. Según Valadés, las instituciones están siendo sometidas a presiones extremas en lo que describió como un contexto de “posdemocracia, posverdad y posconstitucionalismo”.
Valadés explicó que la posdemocracia se caracteriza por el uso de las instituciones democráticas para concentrar poder en lugar de fomentar la libertad, igualdad y pluralismo. De manera similar, definió el posconstitucionalismo como “un sistema de apariencias formales que enmascara realidades opuestas al Estado constitucional”. Estas realidades, indicó, crean una ilusión de separación de poderes que, en realidad, responde a una voluntad personal concentrada.
“Este fenómeno sigue la ruta trazada por la posdemocracia y la posverdad, utilizando mecanismos democráticos para legitimar el poder concentrado y discrecional”, añadió Valadés, en un análisis que evidenció los retos que enfrenta la democracia contemporánea.
Papel de las universidades y centros de investigación jurídica
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, quien también participó en el evento, ofreció un enfoque esperanzador al señalar que las universidades y centros de investigación jurídica son esenciales para la defensa y fortalecimiento de los marcos constitucionales. Lomelí destacó que las instituciones académicas son lugares donde converge el pensamiento crítico necesario para abordar los desafíos que enfrenta la democracia en la actualidad.
“El derecho constitucional tiene el reto de adaptarse a nuevas realidades sociales, políticas y culturales”, afirmó Lomelí. En su discurso, el rector mencionó fenómenos globales como la emergencia climática, las crisis económicas y la brecha de género como factores que ponen a prueba las democracias alrededor del mundo. Además, hizo hincapié en que la globalización y el avance tecnológico están transformando rápidamente la forma en que se aplican los preceptos constitucionales.
Independencia judicial bajo amenaza
En medio de estos discursos, el tema de la independencia judicial fue uno de los puntos centrales. Norma Piña insistió en que cualquier intento de modificar las estructuras judiciales debe ser objeto de un análisis profundo. Afirmó que la reforma judicial en curso en México no solo afecta al Poder Judicial, sino que también podría tener repercusiones graves en el equilibrio de poderes y en la protección de los derechos humanos.
La ministra destacó que la independencia judicial es un factor clave para garantizar que las personas juzgadoras actúen de manera imparcial, sin presiones externas ni intereses políticos. En este sentido, hizo un llamado a preservar la división de poderes como un mecanismo esencial para evitar la concentración de poder en manos de unos pocos. “No podemos permitir que se socaven los principios que nos mantienen como un Estado democrático y constitucional”, enfatizó Piña.
Riesgos de los golpes de timón
El concepto de “golpes de timón” mencionado por Piña hace referencia a las acciones políticas y legislativas que buscan alterar de manera significativa el funcionamiento de las instituciones democráticas. En las últimas semanas, este término ha sido utilizado para describir las tensiones generadas en torno a la reforma judicial en México, que según diversos expertos, podría tener efectos negativos sobre la independencia del Poder Judicial.
La ministra presidenta de la SCJN expresó su preocupación por los efectos de estas modificaciones, ya que podrían facilitar la concentración de poder en detrimento de los derechos humanos y la democracia. En su intervención, hizo un llamado a la reflexión y al análisis profundo de las reformas para evitar daños irreversibles en el sistema judicial y constitucional.
Llamado a defender la democracia
El mensaje de Norma Piña fue respaldado por otros participantes del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, quienes coincidieron en la necesidad de defender la democracia y los derechos humanos en un contexto global cada vez más adverso. Diego Valadés, por ejemplo, señaló que las democracias inclusivas y resilientes enfrentan barreras enormes, no solo en México, sino en muchas regiones del mundo.
Por su parte, Leonardo Lomelí destacó la importancia de continuar fortaleciendo los marcos constitucionales y evitar que los avances en derechos humanos y democracia se vean revertidos. “La defensa de los derechos fundamentales y el respeto a la división de poderes son imperativos para el desarrollo y la paz social”, concluyó el rector de la UNAM.
El llamado es claro: se requiere un compromiso firme para evitar los “golpes de timón” que puedan comprometer los logros democráticos y constitucionales que México ha alcanzado en las últimas décadas. Los desafíos son grandes, pero el futuro de la democracia y los derechos humanos depende de la capacidad del país para enfrentar estos obstáculos con un enfoque crítico y decidido.
