En una sesión legislativa que marcará de nueva cuenta el rumbo del sector energético de México, el Senado de la República aprobó, con 86 votos a favor, 38 en contra y una abstención, la reforma energética que fortalece el papel de las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este avance es considerado un paso clave para desmantelar lo que el gobierno de la Cuarta Transformación ha calificado como la “mal llamada reforma energética” del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Con la aprobación en el Senado, el siguiente paso es que la reforma sea enviada a los congresos locales para su ratificación, dado que implica una modificación constitucional a los artículos 25, 27 y 28. De esta manera, se busca que Pemex y la CFE recuperen su posición como pilares del desarrollo energético de México, priorizando su papel sobre el de los inversionistas privados, que vieron ampliada su participación en el sector desde 2013.
Votación polarizada
El debate en el Senado estuvo marcado por posiciones contrastantes entre los legisladores. Por un lado, los senadores de Morena y sus aliados celebraron la votación como un triunfo de la soberanía energética. Lorenia Valles Sampedro, senadora de Morena, fue clara al señalar que con esta aprobación se revierte lo que calificó como una “contrarreforma” del sexenio de Enrique Peña Nieto. “Estamos dando marcha atrás a la mal llamada reforma energética de aquella ilegítima sesión del 2013”, afirmó desde tribuna.
El senador del Partido del Trabajo (PT), Alejandro González Yáñez, reforzó la postura oficialista al señalar que las reformas del pasado no buscaban más que beneficiar a un pequeño grupo de empresarios privados: “Los que privatizaron las energías solo buscan negocios turbios al amparo del poder público”, subrayó, añadiendo que la 4T está en contra de la riqueza mal habida.
Sin embargo, los legisladores de la oposición cuestionaron fuertemente el alcance y los impactos de la reforma. La priista Claudia Anaya Mota criticó lo que consideró una confusión deliberada: “¿Se está echando para atrás la reforma energética de Peña Nieto? No. Ni siquiera es una reforma energética, es una reforma de corte eléctrico-administrativa”, afirmó, sugiriendo que no se están derogando artículos fundamentales de la reforma del 2013.
Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación por la eliminación de obligaciones estatales clave en materia de transición energética. “Es preocupante que se haya eliminado la responsabilidad del Estado de liderar la transición energética de manera sustentable”, destacó, alertando sobre las posibles consecuencias para el medio ambiente y el futuro del sector energético en México.
¿Quién pagará la factura?
Otro punto álgido del debate fue el costo que implicaría mantener a Pemex y la CFE como empresas públicas en un mercado energético cada vez más competitivo. El priista Miguel Ángel Riquelme expresó su preocupación sobre el impacto económico de esta decisión. “¿Quién paga el mantenimiento de lo público? Todas y todos los mexicanos que pagan impuestos día con día”, afirmó, advirtiendo que un monopolio estatal podría resultar en un aumento de los costos para los consumidores finales.
Riquelme también cuestionó la narrativa de que esta reforma beneficiará directamente a los ciudadanos. “No se vale venderles la idea de que con esto bajará el precio del recibo de la luz, cuando al final de cuentas se les terminará cobrando ese descuento al doble o al triple con el aumento del costo de la vida”, subrayó.
Implicaciones de la reforma
La reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución tiene un impacto directo en cómo se estructurará el sector energético a partir de ahora. Según la reforma, las empresas estatales tendrán prioridad sobre los privados en la generación y distribución de energía, lo que contrasta con el esquema implementado en 2013, cuando la reforma de Peña Nieto abrió la puerta a una mayor participación del capital privado en el sector energético.
La modificación de estos artículos también elimina varios artículos transitorios que se incluyeron en la reforma energética original de 2013, los cuales permitían una mayor integración de las empresas privadas en la industria eléctrica. Ahora, serán las leyes secundarias las que definan cómo los particulares podrán participar en el sector energético, bajo las reglas que el Estado determine.
Un aspecto central de esta reforma es que el Estado queda a cargo de la transición energética, lo que significa que se priorizará el uso de energías renovables y sostenibles, aunque los críticos han señalado que este compromiso se ha visto debilitado con la eliminación de la obligación explícita en la Constitución.
Durante el debate, varios senadores expresaron sus preocupaciones sobre cómo la reforma impactará la competencia en el sector energético. Waldo Fernández, senador del Partido Verde Ecologista de México, defendió la CFE al señalar que la empresa ha sido colocada en desventaja debido a la competencia desleal: “Te van a decir que la CFE opera con pérdidas y no da un buen servicio, pero lo que no te van a decir es que, gracias a la reforma de 2013, la pusieron a competir en condiciones de desventaja”, comentó.
Con la aprobación del Senado, el siguiente paso es la revisión y ratificación de la reforma en los congresos locales. Este proceso es fundamental, ya que al tratarse de una reforma constitucional, requiere el aval de la mayoría de las legislaturas estatales. Los defensores de la reforma confían en que, al tener una mayoría de gobernadores y legislaturas alineadas con Morena y sus aliados, la aprobación será una formalidad.
