Un Juez de Control en la Ciudad de México vinculó a proceso a diez empresarios por su presunta participación en el Cártel Inmobiliario, acusados del delito de asociación delictuosa. Este grupo, relacionado con actos de corrupción en los sectores inmobiliarios de las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, ha sido investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
El caso también involucra a Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la alcaldía Benito Juárez, quien ya cuenta con una sentencia de 4 años por enriquecimiento ilícito. En una audiencia que duró más de ocho horas, el juez determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso tanto a los empresarios como a Vizcaíno, quien seguirá bajo prisión preventiva domiciliaria.
Los otros empresarios —identificados como José “N”, Carlos “N”, Guillermo “N”, Miguel “N”, Eduardo “N”, Sergio “N”, Mario “N” y Alejandro “N”— seguirán su proceso en libertad, bajo medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país, presentación periódica ante las autoridades y la exhibición de una garantía económica.
La investigación de la FGJCDMX ha revelado una red de corrupción que operó en desarrollos inmobiliarios en Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde los empresarios presuntamente participaron en esquemas ilegales para obtener permisos de construcción y otros beneficios. Hasta el momento, se han asegurado alrededor de 60 inmuebles vinculados a estas actividades ilícitas, uno de los cuales ha sido entregado a la Fiscalía para la edificación de una agencia especializada en la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.
El Cártel Inmobiliario ha llevado a la vinculación de al menos diez exfuncionarios y familiares de estos, quienes también enfrentan acusaciones de enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados con la corrupción en la alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía ha señalado que la investigación complementaria tendrá un plazo de cuatro meses para ser concluida, tiempo durante el cual se profundizarán las pesquisas sobre la red de empresarios y exfuncionarios implicados.
Con estos avances, las autoridades buscan desmantelar por completo la operación de esta red criminal que afectó el desarrollo urbano de la ciudad, y seguirán presentando acciones judiciales contra los responsables.
Este caso pone en evidencia la lucha contra la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, y representa un paso importante en la protección del orden urbanístico y la transparencia en los sectores de la construcción.
