La extorsión se ha consolidado como uno de los delitos de mayor crecimiento en México y el menos combatido por el gobierno, registrando un alza constante en los últimos años que ha generado preocupación en la sociedad y las autoridades. Desde 2016, las cifras no han dejado de aumentar y en 2023 se estima que la tasa de extorsión alcanzó los 7.9 casos por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Este delito, difícil de prevenir y perseguir, ha encontrado terreno fértil en la falta de denuncias y la creciente sofisticación de los métodos utilizados por los criminales, que ahora incluyen llamadas telefónicas, redes sociales y suplantación de identidades.
Problema que afecta a todo el país
Las cifras son alarmantes. De acuerdo con el SESNSP, mientras que en 2015 la tasa de extorsión se situaba en 4.9 casos por cada 100 mil habitantes, para 2023 había aumentado significativamente, alcanzando los 7.9 casos. Esta tendencia ha sido constante en los últimos años, reflejando una falta de estrategias efectivas por parte de las autoridades para detener el crecimiento de este delito. En estados como Baja California Sur, Estado de México y Zacatecas, los niveles de extorsión son aún más preocupantes, con tasas que superan los 14 casos por cada 100 mil habitantes.
El aumento de la extorsión es especialmente alarmante si se considera la “cifra negra”, es decir, los delitos que no se denuncian. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 97 de cada 100 casos de extorsión no son reportados, lo que significa que la magnitud real del problema es mucho mayor de lo que indican las estadísticas oficiales. Para 2024, se espera que esta tendencia continúe, con una tasa acumulada de 5.2 casos por cada 100 mil personas hasta agosto, una cifra que podría aumentar una vez que se registren los datos del último cuatrimestre.
Crecimiento constante desde 2015
Las cifras proporcionadas por el SESNSP revelan que entre 2015 y 2024, la extorsión ha mostrado un crecimiento continuo. En 2016, la tasa era de 4.6 casos por cada 100 mil habitantes, en 2017 subió a 4.9, en 2018 aumentó a 5.3, y para 2019 alcanzó los 6.9. Aunque en 2020 hubo una leve disminución a 6.2 casos, el número volvió a subir en 2021 a 6.8 y alcanzó su pico en 2022 con 8 casos por cada 100 mil habitantes.
En los primeros ocho meses de 2024, la tasa se sitúa en 5.2, lo que indica que el problema sigue vigente y con perspectivas de empeorar. Si bien las cifras reflejan una realidad preocupante, es importante destacar que no todos los casos se denuncian, lo que subestima el impacto real de este delito en la sociedad mexicana.
Estados con más casos de extorsión
El fenómeno de la extorsión no afecta a todas las regiones del país de la misma manera. Los estados con los peores indicadores son Baja California Sur, con una tasa de 16.5 casos por cada 100 mil habitantes; el Estado de México, con 14.7; y Zacatecas, con 14.5. Estos tres estados presentan los niveles más altos de extorsión en el país, y su situación es especialmente crítica debido a que las autoridades locales no han implementado políticas efectivas para combatir este delito.
Otros estados que también presentan tasas elevadas son Colima, con 10.8 casos por cada 100 mil habitantes, y Nuevo León, con 10.2. Jalisco, Veracruz, Morelos, Tabasco, Quintana Roo y Aguascalientes completan la lista de entidades con los peores indicadores en cuanto a extorsión. Estos datos reflejan la urgencia de diseñar estrategias de prevención y combate más efectivas, que incluyan una mayor participación de las autoridades locales y federales.
Impunidad y falta de denuncias
Uno de los aspectos más preocupantes de la extorsión en México es la impunidad. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del Inegi, en 2023 se cometieron un total de 31.28 millones de delitos en el país, de los cuales solo 6,074 se denunciaron diariamente. Esto significa que más del 96% de los delitos cometidos, incluidos los casos de extorsión, no fueron denunciados.
De los 4.9 millones de casos de extorsión que se estimaron para 2023, casi todos quedaron sin denunciar, lo que refleja la desconfianza de la población en las autoridades y la falta de mecanismos adecuados para proteger a las víctimas. Esta situación de impunidad ha permitido que los grupos criminales continúen operando sin mayores consecuencias, generando millones de pesos en ganancias ilegales a costa de las personas más vulnerables.
Impacto de la extorsión en la población vulnerable
La extorsión es un delito que afecta principalmente a la población más vulnerable, como comerciantes, pequeños empresarios y familias que, por temor a represalias, no denuncian. Además, la falta de información sobre cómo actuar ante este tipo de crímenes agrava el problema. Los delincuentes, en su mayoría pertenecientes a grupos de delincuencia organizada, utilizan bases de datos obtenidas de manera ilegal para realizar llamadas telefónicas, hackear teléfonos celulares o suplantar identidades en redes sociales.
Las víctimas, por su parte, suelen ceder ante las amenazas, pagando grandes sumas de dinero con tal de evitar un daño mayor. La reparación del daño, en la mayoría de los casos, es prácticamente imposible, lo que deja a las personas afectadas sin posibilidad de recuperar lo perdido.
A pesar del crecimiento constante de la extorsión, las autoridades han sido incapaces de implementar políticas de prevención y sanción efectivas. La falta de recursos, personal capacitado y tecnología adecuada para investigar y perseguir este delito ha permitido que los grupos criminales operen con relativa libertad.
A nivel federal y estatal, la prevención de la extorsión ha sido un tema relegado en la agenda de seguridad pública. No existen campañas masivas de concientización ni se ha desarrollado una estrategia integral que incluya la colaboración entre la ciudadanía, las autoridades locales y las fuerzas federales.
La extorsión ha pasado de ser un delito relativamente controlado a convertirse en uno de los crímenes más comunes y peligrosos en México. Con una tasa de crecimiento sostenido desde 2015 y con más del 96% de los casos sin denunciar, se ha creado un ambiente de impunidad que favorece a los grupos criminales y deja a la población vulnerable ante las constantes amenazas.
