En un hecho sin precedentes en la historia de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido revisar una reforma constitucional relacionada con el Poder Judicial de la Federación (PJF). Este jueves, el Pleno de la Corte, por una mayoría de ocho votos contra tres, admitió una de las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados en contra de la reforma al PJF.
La decisión ha generado una fuerte controversia en el ámbito judicial y político del país, pues plantea la posibilidad de que la Corte, por primera vez, evalúe y determine la constitucionalidad de una enmienda aprobada por el Poder Legislativo.
Votación en el Pleno de la SCJN
La sesión del Pleno de la SCJN estuvo marcada por un acalorado debate entre los ministros que votaron a favor de admitir la impugnación y aquellos que se opusieron. La mayoría de los ministros que votaron a favor, encabezados por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y el ponente del proyecto, Juan Luis González Alcántara Carrancá, argumentaron que la decisión de admitir la impugnación no implica una resolución “de fondo” sobre la reforma, sino que es una fase inicial del proceso para determinar si la Corte tiene la facultad de revisar dicha enmienda.
Alcántara Carrancá, en su intervención, corrigió la vía legal que los jueces y magistrados impugnantes habían presentado inicialmente, considerando que no era la adecuada, sin embargo, propuso que la discusión sobre la reforma al PJF se lleve a cabo a través de una controversia constitucional, conforme al artículo 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del PJF.
“Por tanto, el proyecto concluye que el trámite a seguir debe ser que la señora ministra presidenta dicte un acuerdo en el cual reencauce la petición de los promoventes y que la misma sea turnada al ministro o a la ministra que en derecho corresponda, a efecto de que se elabore el proyecto en el cual se examinen los méritos de la solicitud respectiva”, explicó Alcántara Carrancá durante la sesión.
Posturas a favor y en contra
Entre los ocho ministros que votaron a favor del proyecto de González Alcántara estuvieron, además de la presidenta Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek. Todos coincidieron en que admitir la impugnación es parte del proceso natural para evaluar si la Corte puede ejercer control constitucional sobre una reforma.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo señaló que no existen causas suficientes para desechar las impugnaciones presentadas por los integrantes del PJF. “Si esto llega a esa etapa, ya analizaremos los argumentos. Mi voto es a favor del sentido del proyecto, separándome de algunas consideraciones y añadiendo otras, siempre desde la perspectiva de que esta consulta es un trámite normal respecto a una solicitud recibida”, declaró Pardo Rebolledo.
Por otro lado, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra del proyecto. La ministra Batres argumentó que la SCJN no tiene facultades para someter a revisión una reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo, ya que hacerlo violaría el principio de supremacía constitucional y la división de poderes. “La Corte estaría dando un auténtico golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder reformador”, enfatizó Batres.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa también expresó su preocupación por la admisión de la impugnación, calificando la acción como un “preámbulo de un golpe de Estado constitucional”. Según Esquivel, la Corte podría generar una crisis constitucional si decide hechar atrás una reforma aprobada democráticamente. “El mensaje es claro: la Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución”, agregó.
Implicaciones y próximos pasos
Con la decisión de la SCJN de admitir la impugnación, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández deberá turnar el caso a otro ministro de la mayoría a favor, excluyendo a aquellos que votaron en contra, para que se elabore un proyecto que examine los méritos de las solicitudes presentadas. Además, la Corte podría emitir una suspensión para frenar la implementación de la reforma constitucional hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Este proceso de revisión por parte de la SCJN plantea un escenario inédito, ya que nunca antes el máximo tribunal de México había intervenido para revisar una reforma constitucional aprobada por el Congreso. La decisión final de la Corte podría sentar un precedente significativo en la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de redefinir los límites del control constitucional.
Contexto de la reforma al Poder Judicial
La reforma al Poder Judicial, que fue impulsada por el Congreso de la Unión y ratificada por la mayoría de los congresos estatales, ha generado un amplio debate en el país. Entre sus puntos más polémicos se encuentra la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un mecanismo sin precedentes en la historia del país.
Los defensores de la reforma, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, han argumentado que este cambio busca democratizar el sistema judicial, haciendo que los jueces y magistrados respondan directamente a los ciudadanos. “Es para el bien de todos sanear el Poder Judicial en México”, afirmó Sheinbaum en una de sus primeras conferencias como presidenta. Para ella, la reforma es una herramienta crucial para acabar con la corrupción y mejorar la imparcialidad en la impartición de justicia.
Sin embargo, la reforma ha enfrentado una fuerte oposición por parte de diversos actores dentro del Poder Judicial, quienes consideran que la elección popular de jueces compromete la independencia judicial. Los jueces y magistrados impugnantes han señalado que esta reforma pone en peligro la autonomía del Poder Judicial al someterlo a presiones políticas y electorales.
Reacciones en el ámbito político y judicial
La decisión de la SCJN de admitir la impugnación ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y judicial. Mientras que algunos sectores ven esta decisión como una señal de que la Corte está actuando como un contrapeso necesario ante las reformas impulsadas por el Legislativo, otros la perciben como un intento de frenar un proceso democrático legítimo.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó duramente la decisión de la Corte, calificándola como un obstáculo innecesario en el avance de la reforma judicial. “Nada detendrá la implementación de esta reforma que es necesaria para la justicia en México”, aseguró Fernández Noroña, quien ha sido uno de los principales defensores de la reforma.
