La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió su veredicto de manera unánime: Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata de Morena a la presidencia, no cometió actos anticipados de campaña. La resolución también exime al partido político Morena y a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México de vulnerar la equidad en la contienda electoral.
En una sesión pública presencial, los magistrados informaron que la denuncia presentada por Jorge Álvarez Máynez, candidato virtual de Movimiento Ciudadano, fue desechada por el Instituto Nacional Electoral (INE). El INE consideró que las denuncias carecían de pruebas contundentes y se basaban en hechos genéricos, sin evidencia que respaldara la acusación de un doble proceso de precampaña en el seno de Morena.
La magistrada Janine M. Otálora, al mando del proceso, enfatizó que no se acreditó la supuesta apropiación de programas sociales por parte de Claudia Sheinbaum o de Morena para ser utilizados a favor en los comicios. La Sala Superior respaldó la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que desechó las quejas relacionadas con actos anticipados de campaña y uso indebido de programas sociales.
La resolución destaca que los partidos políticos tienen la libertad de llevar a cabo procedimientos internos para elegir liderazgos, y en este caso, no se presentaron pruebas que indicaran una llamada al electorado para votar en las próximas elecciones presidenciales.
La confirmación de los acuerdos de desechamiento por parte de la Sala Superior respalda la conclusión de la autoridad responsable, que consideró que no se podía advertir, de manera preliminar, ninguna infracción en materia electoral basada en los medios de prueba presentados.
Es relevante subrayar que esta decisión del TEPJF refuerza la legitimidad del proceso interno de Morena y de Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial. Aunque las tensiones políticas son comunes en épocas electorales, la resolución destaca la importancia de fundamentar las denuncias con pruebas sólidas para garantizar la transparencia y equidad en el proceso democrático.
