¿Pues qué pasó? Resulta que la señora X (Xóchitl Gálvez) se vuelve a ver envuelta en la polémica por la corrupción inmobiliaria. Esa misma que el Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama recién mandó en su iniciativa para la reforma del código penal, donde el propósito es reconocer como delito la corrupción inmobiliaria y establecer sanciones de 10 a 20 años de prisión para los servidores públicos, red de familiares y socios que participen en dichos actos.
Y aunque el príncipe de la canción dijera “Ya lo pasado pasado” aquí hay mucha tela de dónde cortar, y más en tiempo electoral, donde no sale limpia de las supuestas acusaciones en su contra durante su trabajo como delegada en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Hoy las alertas se vuelven a disparar con la senadora y candidata presidencial de Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, por las recientes revelaciones que apuntan a posibles actos de corrupción durante su mandato como delegada de Miguel Hidalgo. Víctor Romo, exdelegado de la misma demarcación, asegura tener pruebas contundentes que vinculan a Gálvez con la concesión de permisos a desarrollos inmobiliarios que, como muestra de agradecimiento, contrataron los servicios de sus propias empresas.
Romo sostiene que posee documentos que demuestran que Gálvez facilitó el proceso de construcción a al menos 10 desarrollos inmobiliarios mientras ocupaba el cargo de delegada. Sorprendentemente, estas empresas, en un aparente gesto de reciprocidad, contrataron los servicios de High Tech Services y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI), las compañías de la propia Gálvez.
En palabras de Romo, este tipo de actuaciones se clasifican como “tráfico de influencias o uso indebido del servicio público“, alegando que estos hechos se suman a la cantidad multimillonaria que el presidente ha revelado en relación con la corrupción.
La situación se agrava con acusaciones adicionales hacia Gálvez. En un recorrido por los trapos sucios de la política, se resalta el caso de su hermana, Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, quien fue detenida en 2012 por su presunta participación en una banda de secuestradores llamada “Los Tolmex“. Aunque sigue en prisión sin sentencia, ha presentado pruebas que refutan las acusaciones en su contra.
Además, Gálvez ha generado controversias con sus comentarios sobre las comunidades indígenas, cuestionando la necesidad de impulsar la educación en estas zonas. Sus declaraciones sobre las poblaciones del sureste del país también han sido polémicas, afirmando que tienen una cultura diferente y no trabajan ocho horas diarias, comentarios que han recibido críticas.
Las acusaciones de corrupción también han generado tensiones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la acusó de querer eliminar programas sociales. Además, se dio a conocer información fiscal sobre una de las empresas de Gálvez, señalando contratos por más de mil millones de pesos, lo que llevó a solicitar investigaciones sobre la obtención de dichos proyectos.
En un recuento de situaciones incómodas, se destaca el episodio en el que transmitió en vivo la fiesta de cumpleaños de Diego Fernández de Cevallos, generando molestias en figuras prominentes del PAN.
Con estos trapos sucios saliendo a la luz, Xóchitl Gálvez se enfrenta a una creciente controversia que podría impactar su campaña presidencial y dejar una marca duradera en la percepción pública de la política mexicana. La candidata, conocida por su habilidad para esquivar señalamientos, ahora se encuentra de nuevo bajo el escrutinio de la opinión pública, enfrentando preguntas incómodas sobre su integridad y ética política. ¿Cómo afectará esto su camino hacia la presidencia? Solo el voto de la gente lo dirá.
