19 septiembre, 2024

 

Han pasado siete años desde los devastadores sismos de 2017 y 2018 que afectaron gravemente a diversas regiones de México, dejando a su paso miles de viviendas destruidas, infraestructuras educativas dañadas y patrimonio cultural en riesgo.

 

Aunque el Sexto Informe de Gobierno reporta importantes avances en el sector vivienda, la realidad es que la reconstrucción sigue siendo un desafío en áreas clave como la infraestructura educativa, hospitalaria y cultural. La tarea aún no ha concluido y muchas comunidades siguen esperando el restablecimiento completo de sus servicios esenciales y espacios históricos.

 

De acuerdo al Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), implementado tras los sismos, ha logrado cumplir con su meta en el sector de vivienda, desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2023, se otorgaron 65,956 subsidios de reconstrucción para viviendas, beneficiando a 237,442 personas en las zonas afectadas. Estos subsidios, que representaron una inversión conjunta de 10,633.1 millones de pesos, se destinaron en su mayoría (71.1%) a atender daños totales, mientras que el 27.2% cubrió daños parciales y el 1.7% restante a otras modalidades.

 

Sin embargo, aunque el gobierno ha señalado que no se asignaron recursos para la reconstrucción de viviendas en 2024 debido a que la meta ya fue cumplida, organizaciones y comunidades afectadas han manifestado su descontento, argumentando que aún quedan hogares sin reconstruir o con problemas estructurales no resueltos adecuadamente.

 

Infraestructura educativa: Avances lentos y pendientes

Uno de los sectores más afectados por los sismos fue la infraestructura educativa. Escuelas de nivel básico, medio superior y superior sufrieron daños graves y aunque el gobierno ha realizado importantes inversiones, aún existen planteles en condiciones inadecuadas para el retorno de los estudiantes.

 

 

El informe señala que en diciembre de 2023, gracias a ampliaciones presupuestarias, se asignaron 71.8 millones de pesos para la reconstrucción de 17 planteles educativos en cinco estados: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Oaxaca. En la Ciudad de México, por ejemplo, tres escuelas recibieron una inversión de 30.5 millones de pesos para su rehabilitación.

 

No obstante, esta inversión sigue siendo insuficiente frente a las necesidades que persisten en muchas comunidades. Docentes y padres de familia han denunciado la falta de seguimiento en algunos planteles que, aunque se han rehabilitado parcialmente, no cuentan con las condiciones óptimas para garantizar la seguridad de los estudiantes.

 

Patrimonio cultural, un símbolo de la lucha por la reconstrucción

La recuperación de los bienes y sitios patrimoniales dañados por los sismos ha sido uno de los mayores retos del proceso de reconstrucción. El patrimonio cultural no solo representa una fuente de identidad para las comunidades, sino que también es clave para el turismo y la economía local.

 

En el ejercicio fiscal 2024, se asignaron 203.7 millones de pesos para la restauración de inmuebles patrimoniales, de los cuales 198 millones serán ejercidos por la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Estas inversiones se destinarán a la ejecución de 50 acciones de reconstrucción en ocho estados, entre los que destacan Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.

 

 

Entre las intervenciones más significativas se encuentran la restauración de la Catedral Metropolitana y el Templo de la Santa Veracruz en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX; la Parroquia de Santa Prisca en Taxco, Guerrero; y el Exconvento de Santo Domingo en Tehuantepec, Oaxaca. Estos proyectos buscan no solo preservar el valor histórico de estos monumentos, sino también garantizar su estabilidad estructural y funcionalidad para el disfrute de las generaciones futuras.

 

Sector salud: Una reconstrucción desigual

Otro de los sectores con grandes pendientes es la infraestructura hospitalaria. Tras los sismos, numerosos hospitales y centros de salud sufrieron daños graves, afectando el acceso a servicios médicos esenciales en diversas regiones del país. Si bien el gobierno ha destinado recursos importantes para la reconstrucción de hospitales, el avance ha sido desigual y en algunas áreas la recuperación ha sido más lenta de lo esperado.

 

Para el ejercicio fiscal 2024, se asignaron 148.8 millones de pesos para la reconstrucción de infraestructura hospitalaria. Entre los proyectos más relevantes se encuentran la demolición y construcción del Edificio de Radioterapia Unidad 111-A del Hospital General de México, así como la segunda etapa de la sustitución del Edificio E Torre de Investigación y Enseñanza del Hospital Juárez de México.

 

En Oaxaca, el Instituto de Salud para el Bienestar realizó importantes intervenciones, como la sustitución del Centro de Salud Reyes Mantecón y la reubicación de cuatro centros de salud en comunidades rurales. En Puebla, se completó la construcción por sustitución del Laboratorio Bioensayo de Huaquechula, una obra crucial para garantizar la atención de salud en esa región.

 

 

Sin embargo, expertos en salud pública y representantes de comunidades afectadas han señalado que muchas otras instalaciones médicas siguen esperando ser reconstruidas, y que la falta de acceso a servicios médicos ha sido una de las consecuencias más devastadoras de la lenta reconstrucción en este sector.

 

La lucha de las comunidades por una reconstrucción integral

A pesar de los esfuerzos del gobierno y los avances reportados en distintos sectores, la realidad es que la reconstrucción tras los sismos de 2017 y 2018 sigue siendo incompleta para muchas comunidades. La falta de recursos, la burocracia y la magnitud de los daños han ralentizado un proceso que, para muchas familias y comunidades, parece no tener fin.

 

Organizaciones civiles, grupos comunitarios y afectados han alzado la voz, exigiendo mayor transparencia en la asignación de recursos y una verdadera estrategia de reconstrucción integral que incluya no solo la reparación de los daños materiales, sino también la recuperación social y económica de las comunidades afectadas. En diversos foros, se ha planteado la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y seguimiento de las obras para garantizar que se concluyan de manera adecuada y en los tiempos estipulados.

 

La reconstrucción tras los sismos de 2017 y 2018 ha sido un proceso largo y complicado. Si bien se han logrado avances significativos en algunos sectores, como la vivienda, la realidad es que el trabajo está lejos de haber concluido. Sectores clave como la educación, la salud y el patrimonio cultural siguen arrastrando pendientes que afectan a millones de personas en todo el país.

 

La reconstrucción no solo implica la reparación de edificios y monumentos, sino también la restauración de la confianza y el bienestar de las comunidades afectadas. En este sentido, es fundamental que las autoridades continúen destinando recursos y esfuerzos para completar el proceso de manera efectiva y garantizar que todos los mexicanos puedan acceder a una vida digna y segura, lejos de las huellas que dejaron los sismos en sus vidas.