El debate sobre la reforma judicial impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desatado una serie de opiniones encontradas entre legisladores, académicos y especialistas. La reforma, que modifica 18 artículos de la Constitución, fue presentada como parte del denominado “Plan C” y pretende transformar profundamente el Poder Judicial en México. A continuación, se describen los cinco ejes principales de la reforma y se destacan los comentarios y participaciones de los actores clave involucrados en la discusión.
Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, ha sido uno de los principales defensores de esta reforma. “El pueblo está harto de la dictadura del birrete y la toga… respalda esta reforma, y nosotros no vamos a titubear”, declaró durante el debate en la Cámara de Diputados el 3 de septiembre. Monreal expresó con vehemencia su apoyo, afirmando que la reforma busca acabar con la corrupción y el tráfico de influencias dentro del Poder Judicial, acusaciones que han generado un clima de desconfianza en la ciudadanía.
El contexto de este proyecto de reforma es parte del denominado Plan C, una estrategia del presidente para transformar las instituciones del país. En su visión, la reforma fortalecería la legitimidad del Poder Judicial al vincularlo directamente con el voto popular. “No debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía… lo fortalece mediante la legitimidad emanada del poder popular”, señaló López Obrador en su mensaje a la nación.
Las claves de la reforma
1. Reducción de la Suprema Corte de Justicia
Uno de los puntos más discutidos es la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pasaría de 11 a 9 integrantes. Además, se modificaría la duración del mandato de los ministros, que sería de 12 años en lugar de los 15 actuales. Las decisiones ya no se tomarían en las dos salas en las que está dividida la Corte, sino en sesiones plenarias públicas, eliminando las reuniones secretas.
El recorte de los salarios de los ministros es otro aspecto crucial. Según la reforma, ningún ministro podría ganar más que el presidente de la República, y se eliminarían las pensiones vitalicias, una medida que López Obrador ha promovido en diferentes esferas del gobierno como parte de su política de austeridad.
2. Elección popular de jueces, magistrados y ministros
Quizás el eje más controvertido es el cambio en el mecanismo de elección de los integrantes del Poder Judicial. La propuesta de López Obrador es que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por la ciudadanía, una medida sin precedentes en la historia moderna del país. Se trata de cerca de 2,000 cargos que serían sometidos a elecciones cada tres años, coincidiendo con los procesos electorales federales. Las candidaturas serían propuestas en partes iguales por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el mismo Poder Judicial.
Los detractores de esta medida, entre ellos abogados y académicos, argumentan que la elección directa politizaría el sistema judicial y comprometería su independencia. En cambio, los defensores sostienen que esta es la única manera de garantizar que los funcionarios judiciales estén verdaderamente al servicio del pueblo y no de intereses particulares.
3. Creación de dos nuevos órganos reguladores
Con la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, la reforma plantea la creación de dos nuevos órganos: uno encargado de la administración del sistema judicial y otro, denominado Tribunal de Disciplina Judicial, que supervisaría la conducta de los jueces, magistrados y ministros. Este tribunal tendría la facultad de recibir denuncias de cualquier persona o autoridad sobre posibles irregularidades en el actuar de los funcionarios judiciales.
Esta medida busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en un poder que, históricamente, ha sido percibido como opaco.
4. Plazos para la resolución de conflictos
Otra de las reformas clave es la imposición de plazos específicos para la resolución de casos judiciales. La propuesta establece que los asuntos civiles y fiscales deben resolverse en un máximo de seis meses, mientras que los casos penales tendrían un límite de un año. Si un juez o magistrado no cumple con estos plazos, el Tribunal de Disciplina Judicial tendría la facultad de investigar el porqué del retraso y, si lo considera necesario, imponer sanciones.
Este eje de la reforma busca acelerar el acceso a la justicia, una demanda constante en un sistema judicial que muchas veces ha sido criticado por su lentitud y burocracia.
5. Replicación del modelo en todo el país
Finalmente, la reforma establece que los estados de la República deberán adaptar su legislación local para garantizar que sus jueces y magistrados también sean electos por voto popular. Las entidades federativas tendrán 180 días para implementar estos cambios, que incluyen la creación de órganos independientes de administración y disciplina judicial.
Opiniones divididas
El proyecto de reforma ha suscitado diversas reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Por un lado, sectores afines al gobierno defienden la reforma como un paso necesario para terminar con la corrupción en el Poder Judicial. Por otro lado, los críticos, que incluyen a organizaciones civiles, abogados y organismos internacionales, consideran que la reforma pone en riesgo la independencia judicial y politiza un poder que, en teoría, debería ser imparcial.
Entre los opositores más vocales se encuentran representantes del sector empresarial y los socios comerciales de México, como Estados Unidos y Canadá, quienes han expresado preocupación por el posible impacto en la seguridad jurídica. También han surgido advertencias sobre los efectos que la elección popular de jueces podría tener en la estabilidad de las inversiones en el país.
Sin embargo, los legisladores de Morena, PT y PVEM han continuado con el proceso legislativo, y la reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados durante la madrugada del 4 de septiembre. Ahora, el Senado de la República se prepara para discutirla el 11 de septiembre, aunque en este órgano el oficialismo no tiene asegurada la mayoría calificada para realizar cambios a la Constitución.
Aunque la reforma ya ha avanzado en su proceso legislativo, aún quedan dudas sobre si logrará pasar la revisión en el Senado y, de ser así, cómo impactará en el funcionamiento del Poder Judicial y la sociedad mexicana en general. Lo que está claro es que este es un momento histórico para el país, y los próximos días serán cruciales para definir el rumbo del sistema de justicia en México.
Así la reforma al Poder Judicial es vista por algunos como una herramienta para democratizar y limpiar un poder que ha sido señalado por corrupción, mientras que otros la consideran una amenaza a la independencia judicial. Los debates continúan, y la tensión entre ambas posturas refleja el profundo impacto que esta reforma puede tener en el futuro de México.
