En un hecho inédito, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobó por mayoría sumarse al paro de labores que realizan trabajadores en contra de la Reforma Judicial, por lo que el máximo tribunal entrará en una parálisis operativa.
En sesión privada del pleno, la decisión de los magistrados se deliberó con 8 votos a favor y 3 en contra. Y se dio a conocer que tras la sesión, las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel sostenían una reunión en la sede del Centro Histórico
Finalmente la determinación deberá ser notificada formalmente mediante una sesión pública de la Suprema Corte o bien, a través de un comunicado oficial.
Contexto del paro en el Poder Judicial
El paro de labores que actualmente afecta al Poder Judicial de la Federación ha sido impulsado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), en respuesta a preocupaciones sobre recortes presupuestales y el atentar a la autonomía del poder. Este paro ha paralizado una parte significativa de las actividades judiciales en todo el país, generando preocupación sobre la capacidad del sistema judicial para operar de manera efectiva.
Adicionalmente, este 3 de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó en sesión privada, la petición presentada por la ministra Lenia Batres, que buscaba garantizar el derecho humano de acceso a la justicia en medio del paro de labores que afecta al Poder Judicial; esto, luego de llevarse a cabo una votación mayoritaria de nueve contra dos.
La propuesta de Lenia Batres
Ante el paro de trabajadores del poder judicial, la ministra Lenia Batres, presentó una propuesta formal para que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tomara medidas inmediatas que garantizaran la continuidad de la función jurisdiccional, incluso en medio del paro. La petición fue enviada a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Máximo Tribunal y del CJF, el viernes pasado.
Batres argumentó que el paro de labores, promovido por una asociación civil que no tiene personalidad jurídica para ordenar la suspensión de actividades, está violando el derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la justicia. En su oficio, la ministra destacó la gravedad de permitir que una entidad privada determine la suspensión de un Poder del Estado, algo que según ella, corresponde únicamente al CJF.
“Ante la paralización de actividades y toda vez que la única determinación formal sobre el tema ha sido tomada por una asociación civil, debe tomarse en cuenta que una A.C. por más que sea integrada por personas juzgadoras, no tiene el alcance de emitir declaratorias formales de suspensión de labores y establecer medidas que afecten directamente el ejercicio de los derechos de terceros”, subrayó Batres en su solicitud.
El rechazo a la propuesta de Batres fue contundente, con solo dos votos a favor, incluidos el de la propia Batres y el de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. La decisión ha generado diversas reacciones tanto dentro como fuera del Poder Judicial, particularmente porque el voto mayoritario refleja una falta de consenso sobre cómo abordar el conflicto generado por el paro.
Batres no ocultó su decepción tras el rechazo de su propuesta. En declaraciones posteriores, afirmó que esta decisión del Pleno de la SCJN y del CJF refleja un desinterés por parte de las instituciones en garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, priorizando las preocupaciones económicas de jueces y magistrados sobre el interés general de la población.
“Con esta decisión, tanto el pleno del CJF como el de la SCJN mantienen su desinterés para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, privilegiando las preocupaciones económicas de los jueces y magistrados, por sobre el interés general de los mexicanos”, expresó Batres.
Implicaciones de la decisión
El rechazo a la propuesta de Batres tiene serias implicaciones para el sistema judicial y, en particular, para los ciudadanos que dependen de su funcionamiento. El paro ha generado un retraso significativo en la resolución de casos, afectando a miles de personas que buscan justicia en diferentes ámbitos, desde lo civil hasta lo penal.
Además, la decisión del Pleno de la SCJN también pone en tela de juicio el papel de las asociaciones civiles dentro del sistema judicial. Según Batres, permitir que una asociación civil como JUFED influya en la suspensión de las actividades judiciales podría sentar un precedente peligroso en cuanto a la autonomía y la gobernanza del Poder Judicial.
La ministra también advirtió sobre los riesgos que este tipo de decisiones puede tener para la confianza y credibilidad del público en las instituciones judiciales. La percepción de que los intereses económicos de los funcionarios judiciales están siendo priorizados sobre los derechos de los ciudadanos podría erosionar la confianza en el sistema judicial, un pilar fundamental para cualquier democracia.
Respuesta de la JUFED y otros actores
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), por su parte, ha defendido el paro como un derecho legítimo de los trabajadores judiciales para protestar contra lo que consideran un ataque a la autonomía del Poder Judicial. Han argumentado que los recortes presupuestales y otras medidas impulsadas por el gobierno amenazan la independencia del sistema judicial y por ende, su capacidad para impartir justicia de manera imparcial.
No obstante, críticos de la postura de JUFED han señalado que, aunque las preocupaciones sobre la autonomía judicial son válidas, la suspensión de actividades no debería ser la respuesta, ya que afecta directamente a la ciudadanía. En este sentido, han respaldado la posición de Batres de que el CJF, como órgano encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial, debe ser el único responsable de tomar decisiones sobre la suspensión de actividades y no una entidad privada.
¿Qué sigue para el acceso a la justicia en México?
La controversia en torno a la propuesta de Batres y su rechazo por parte del Pleno de la SCJN ha dejado al descubierto las tensiones internas dentro del Poder Judicial, así como las dificultades para equilibrar los intereses económicos de sus funcionarios con la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
A medida que el paro continúa, se espera que el CJF y otros actores dentro del Poder Judicial busquen soluciones para mitigar su impacto. La posibilidad de que el paro se prolongue por más tiempo plantea desafíos significativos para el sistema judicial, que ya enfrenta una sobrecarga de casos y una creciente demanda de justicia por parte de la población.
En este contexto, el llamado de la ministra Batres a que se garantice el acceso a la justicia cobra aún más relevancia. Su insistencia en que el CJF tome medidas para reanudar las actividades judiciales y asegurar que ningún ciudadano se quede sin la protección de la ley es un recordatorio de que, en cualquier conflicto interno, los derechos de la ciudadanía deben estar en el centro de las decisiones.
