El sistema judicial de México atraviesa una de sus mayores crisis en años recientes. Un paro masivo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha extendido a 28 estados, en protesta por la Reforma Judicial que se debate actualmente en el Congreso.
Esta reforma, que propone la elección de jueces mediante el voto popular y la eliminación de la carrera judicial, ha encendido la indignación entre miles de empleados judiciales, quienes consideran que la iniciativa atenta contra sus derechos laborales y la independencia judicial.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), tras una votación entre sus miembros, resolvieron sumarse al paro. Con 1,403 juzgadores que participaron en la consulta, 1,202 (85.6%) votaron a favor de suspender las actividades jurisdiccionales; en ese sentido, el miércoles 21 de agosto se hará el cierre de juzgados y tribunales federales en todo el país.
“Esta decisión es un paso crucial en la defensa de la autonomía del Poder Judicial, un pilar fundamental de nuestra democracia”, señaló un portavoz de la Jufed en un comunicado oficial.
El paro ha sido respaldado por importantes organizaciones de la abogacía en México. El Consejo General de la Abogacía Mexicana, que agrupa a instituciones como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, expresó su solidaridad con los trabajadores judiciales. En su comunicado, el Consejo hizo un llamado al Congreso para que las reformas se realicen en consenso y sin afectar la carrera judicial ni los derechos de los trabajadores.
El Impacto en los Estados
El paro ha tenido un alcance nacional, con manifestaciones y cierres de oficinas en casi todos los estados de la República. En la Ciudad de México, las sedes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) permanecieron cerradas, mientras que en otros estados como Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Estado de México entre otros, los trabajadores judiciales también detuvieron sus actividades.
En Monterrey, el magistrado Antonio Ceja declaró: “El paro es indefinido. Aunque estamos comprometidos a atender los casos urgentes, esta protesta es una manera de informar a la sociedad sobre lo que está en juego con esta reforma.” En Tuxtla Gutiérrez, Selena López Maya, representante del Comité de Defensa del Trabajador del PJF, señaló que la eliminación de la carrera judicial afectaría gravemente la meritocracia que ha caracterizado al sistema judicial federal.
En otros estados, como Aguascalientes y Zacatecas, cientos de trabajadores se sumaron al paro, cerrando oficinas judiciales con listones negros en señal de luto por lo que consideran una amenaza a su estabilidad laboral y profesional. En Baja California, más de mil empleados realizaron un paro en las oficinas del Centro Cívico de Mexicali, mientras que en Morelos, se estima que al menos 200 casos no serán atendidos cada día debido a la suspensión de labores.
Comentarios de los Participantes
En el estado de Hidalgo, Sergio Daniel Martínez Badillo, representante de la base trabajadora, enfatizó que la participación en el paro es una muestra de unidad y no de división entre los circuitos judiciales, destacando que la protesta fue planeada para comenzar en diferentes fechas según las circunstancias de cada estado.
Aldo Cruz Maldonado, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Saltillo, Coahuila, describió el paro como “una acción cívica, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y reunión,” y subrayó la importancia de que la sociedad entienda la gravedad de las reformas propuestas.
En Oaxaca, los trabajadores sindicalizados del PJF cerraron sus instalaciones en protesta, con pancartas que decían “¡Salvemos la carrera judicial!” y “El Poder Judicial protege los derechos del pueblo.” Esta misma consigna resonó en las calles de Villahermosa, Tabasco, donde empleados judiciales se reunieron en el Malecón de la colonia Gaviotas Norte.
La Postura del Gobierno Federal
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, reconoció el derecho de los trabajadores a manifestarse, pero advirtió que podrían estar siendo manipulados por quienes buscan mantener los privilegios y la corrupción en el Poder Judicial. “No estamos en contra de los trabajadores, sino de la corrupción y los privilegios en el Poder Judicial. Si deciden ir a una huelga, están en su derecho, pero no deben ser paleros de los corruptos,” afirmó el mandatario.
Las declaraciones del presidente han polarizado la opinión pública, con algunos sectores apoyando su lucha contra la corrupción, mientras otros ven en sus palabras un intento de desacreditar una protesta legítima.
El paro judicial se ha declarado indefinido, y aunque los trabajadores han asegurado que seguirán atendiendo los casos urgentes, la situación ha generado preocupación entre los ciudadanos que dependen del sistema judicial. La reforma aún se debate en el Congreso, y mientras no se llegue a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, el paro continuará, afectando la operación normal del Poder Judicial en gran parte del país.
Los ojos de la nación están puestos en este conflicto, que podría redefinir el futuro de la justicia en México. Los trabajadores judiciales, por su parte, han dejado claro que están dispuestos a defender la independencia judicial y sus derechos laborales, aunque ello implique prolongar el paro por tiempo indefinido.
Este movimiento no solo refleja una crisis dentro del sistema judicial, sino que también plantea preguntas sobre el equilibrio de poderes en México y la capacidad del Estado para reformar una de sus instituciones más críticas sin causar divisiones profundas. La situación sigue desarrollándose, y será crucial observar cómo evoluciona en los próximos días.
