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Al añadir un capítulo específico al código penal, se pretende castigar de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras penas para quienes resulten culpables de estos actos, a aquellos involucrados en actos de corrupción.
Este capítulo sobre corrupción inmobiliaria, estaría dirigido a los servidores públicos que permitan construcciones no autorizadas o niveles adicionales sin cumplir con los requisitos legales. Para la determinación de las penas también se considerarán los beneficios económicos obtenidos por los propios servidores públicos o sus familiares hasta el cuarto grado.