La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), representada por su rector, Leonardo Lomelí Vanegas, se ha pronunciado firmemente en contra de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, tal como lo propone la reforma al Poder Judicial impulsada por el Ejecutivo. Durante la inauguración de los “Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia”, que se llevan a cabo del 29 de julio al 1 de agosto, las autoridades universitarias destacaron la importancia de mantener la independencia judicial como un pilar fundamental para el funcionamiento adecuado de la justicia en México.
Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, enfatizó que la independencia judicial y la división de poderes son elementos esenciales para cualquier discusión sobre la reforma del Poder Judicial. “Es primordial que consideremos la independencia judicial y la división de poderes como ejes centrales de este intercambio de ideas”, declaró Lomelí. Afirmó que, si bien es necesario reformar el Poder Judicial para corregir sus deficiencias y aumentar la confianza ciudadana, esto no debe hacerse a expensas de su independencia, ya que representaría un retroceso significativo.
Lomelí también recordó que México ha optado por una forma de gobierno republicana, representativa y federal durante dos siglos, y que es crucial consolidar el federalismo y la división de poderes sin retroceder en estos aspectos.
“Estamos cumpliendo dos siglos de haber optado por la forma de gobierno republicana, representativa y federal, sin duda han sido dos siglos de una evolución política azarosa, en donde queda pendiente todavía consolidar plenamente al federalismo y la división de poderes. En ese sentido, no puede haber retrocesos en estas materias”, expresó.
Argumentos en Contra de la Elección Popular
Durante su intervención, Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió sobre los riesgos de la elección popular de jueces. “Seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias no resolverán los problemas existentes, y en cambio derogarán avances logrados a lo largo de décadas”, explicó Valadés.
Señaló que este método podría llevar a una concentración absoluta del poder y que no hay evidencia de que la elección popular garantice la capacidad de los elegidos. “La elección popular es un instrumento de la democracia, pero no es toda la democracia. Una elección expone a candidatos a tensiones políticas. Este no es un escenario ideal para los juzgadores”, agregó.
Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, reforzó esta postura afirmando que la independencia judicial no es un lujo, sino una condición esencial. “Resulta imprescindible mirar la experiencia comparada para evitar la fragilización de la independencia judicial, concepto que implica la ausencia de influjos externos de carácter político o económico. Pues cuando el Poder Judicial no goza de independencia y existe una subordinación a intereses ajenos, se corre el riesgo del que la justicia se trastoque en un instrumento”, subrayó.
Necesidad de un Estudio Riguroso
Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, sostuvo que cualquier reforma judicial debe basarse en un estudio riguroso de su funcionamiento integral. “La reforma judicial debe partir necesariamente de un riguroso estudio de su funcionamiento integral, de sus partes, y de todo aquello que efectivamente puede mejorar y fortalecer al sistema y a sus partes”, comentó Concha.
La postura de la UNAM en contra de la elección popular de jueces se basa en la convicción de que la independencia del Poder Judicial es crucial para una justicia imparcial y eficaz. Las autoridades universitarias han enfatizado la necesidad de reformar el sistema judicial sin comprometer sus principios fundamentales. En estos foros, se espera que se debatan a fondo las propuestas y se busquen soluciones que fortalezcan la justicia en México sin poner en riesgo su integridad.
Es así que la UNAM se mantiene firme en su posición de proteger la independencia del Poder Judicial, abogando por un proceso de reforma que respete este principio esencial. La discusión sobre esta reforma continúa, y será crucial observar cómo se desarrollan estos debates y qué impacto tendrán en el futuro del sistema judicial mexicano.
