Un grupo de expresidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre los que se destacan Dulce María Sauri, Enrique Ochoa, Pedro Joaquín Coldwell y Manlio Fabio Beltrones, han presentado un recurso de impugnación para invalidar la reciente asamblea del partido y la polémica reforma que facilita la reelección de sus líderes principales.
La decisión de modificar los estatutos para permitir que los titulares de la Presidencia y la Secretaría General puedan ser reelectos hasta por tres periodos consecutivos de cuatro años ha desatado lo que algunos miembros del partido describen como “la madre de todas las batallas”. Este recurso de impugnación, presentado ante el Tribunal Electoral y la propia dirección del PRI, es solo el inicio de una serie de acciones legales que buscan revertir lo que consideran una violación a los principios fundamentales del partido.
La impugnación se presenta en un momento en que el PRI busca reinventarse tras varios ciclos electorales desfavorables. Los exdirigentes argumentan que la reforma estatutaria, aprobada en la Asamblea Nacional Ordinaria, se realizó de manera “ilegal y contraria a los estatutos del partido”, lo que podría afectar gravemente la credibilidad y la estructura interna del mismo.
Durante la asamblea, que ha sido catalogada tanto de histórica como de controversial, se adoptaron no solo cambios en el régimen de reelecciones, sino también ajustes a la Declaración de Principios, el Programa de Acción y el Código de Ética Partidaria. Según los impugnantes, estos cambios fueron realizados sin el consenso adecuado, y representan un giro dramático en la gestión de la política interna del PRI.
Dulce María Sauri, una de las voces más críticas, comentó: “Estamos presenciando una erosión de los valores democráticos de nuestro partido. No podemos permitir que la ambición de unos pocos comprometa el legado y la integridad del PRI.” Sus palabras resuenan entre aquellos que temen que la centralización del poder debilite la estructura federalista del partido.
Enrique Ochoa, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de transparencia y legalidad en el proceso. “Las modificaciones a nuestros estatutos deben reflejar la voluntad de todos los miembros, no solo de una élite dirigente”, afirmó, sugiriendo que el proceso estuvo marcado por maniobras opacas y decisiones a puerta cerrada.
Pedro Joaquín Coldwell expresó preocupación por las futuras ramificaciones políticas de estas reformas: “Si permitimos que estas prácticas continúen, ¿qué será del PRI en las próximas elecciones? ¿Cómo podremos pedirle a la ciudadanía que confíe en nosotros?”
Manlio Fabio Beltrones, mientras tanto, subrayó la importancia de mantener un partido unido y respetuoso de sus propias reglas: “La lucha no es contra individuos, sino contra actos que consideramos contrarios al espíritu de nuestro partido. Debe prevalecer el interés del PRI por encima de las ambiciones personales.”
El recurso de impugnación planteado por estos exdirigentes no solo pone de manifiesto las fracturas internas del partido, sino que también se proyecta como un referente en los debates sobre democracia interna y liderazgo político en México. Más allá del resultado legal que pueda obtenerse, esta acción refleja una lucha más amplia por el control, la dirección y el alma del PRI en un momento crítico de su historia.
Mientras el Tribunal Electoral y la dirigencia del PRI deliberan sobre este recurso, los ojos de la política nacional están puestos en cómo este enfrentamiento interno podría redefinir no solo la estructura de poder dentro del partido, sino también su papel en el panorama político mexicano. La resolución de este conflicto podría ser determinante para el futuro del PRI y, por extensión, para el sistema político del país.
