En un paso significativo para la protección de los derechos de la comunidad LGBTI, México ha promulgado una ley que prohíbe las controvertidas “terapias de conversión”. Esta legislación, celebrada por la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, busca erradicar prácticas que han sido ampliamente condenadas por causar daño psicológico y físico a quienes son sometidos a ellas.
Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, expresó su admiración por la medida adoptada por México, señalando que “la decisión de México de poner fin a esta práctica nociva contribuirá a garantizar la salud pública. Todos los países deberían seguir el ejemplo de México”. Estas palabras resaltan la importancia del liderazgo mexicano en la protección de los derechos de las minorías y la salud pública en la región.
La nueva legislación, que fue ratificada por la Cámara de Diputados como por el Senado, establece penas de dos a seis años de prisión para quienes realicen estas “terapias”. La ley se extiende para cubrir a aquellos casos donde el agresor sea un familiar o tenga alguna relación de autoridad sobre la víctima, incluyendo relaciones laborales, educativas, o de otro tipo que impliquen subordinación.
Especialistas en salud y derechos humanos han condenado estas terapias por causar graves trastornos psicológicos. En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) denunció que estas prácticas no tienen justificación médica y representan una grave amenaza tanto para la salud como para los derechos humanos de las personas.
“Las prácticas estigmatizantes perjudican la salud pública. Garantizar la inclusión, la aceptación y el respeto de los derechos humanos de todas las personas es vital para proteger la salud de cada una. El estigma mata y la solidaridad salva vidas”, afirmó Cabal en un comunicado reciente, subrayando la conexión entre la estigmatización, la salud pública y la mortalidad.
La prohibición de las “terapias de conversión” en México se suma a una serie de avances legislativos destinados a fortalecer los derechos de la comunidad LGBTI en el país. Con una población que se identifica oficialmente como parte de esta comunidad ascendente a 5 millones de personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la necesidad de protección y reconocimiento legal es más imperativa que nunca.
Esta legislación no solo refleja un cambio en la política y sociedad mexicanas sino que también sirve como un modelo para otros países en la región y el mundo, demostrando que es posible y necesario legislar contra prácticas que infringen los derechos humanos fundamentales.
En conclusión, la aprobación de esta ley marca un momento decisivo en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI en México, ofreciendo un rayo de esperanza y un camino a seguir para otros países en la protección de las minorías y la promoción de una sociedad más inclusiva y respetuosa. Este logro reafirma el compromiso de México con los principios de igualdad y dignidad para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
