22 noviembre, 2024

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, abordó los rumores que circulan sobre posibles cambios en las facultades de las alcaldías en relación con la administración de programas sociales. Este tema ha sido objeto de especulaciones tras la pausa en la aprobación de la nueva Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, que ha sido motivo de debate en el Congreso local.

Martí Batres fue enfático al desmentir las afirmaciones de que su gobierno busca quitar poderes a las alcaldías en la implementación de programas sociales. “Eso es totalmente falso. Esa facultad que tienen las alcaldías está en la Constitución y no se ha planteado ninguna reforma a la Constitución. Quien diga eso, miente, falsea la realidad”, afirmó el mandatario.

 

Constitución y Facultades de las Alcaldías

Para proporcionar claridad y transparencia, Batres citó el artículo 53, apartado 12, numeral 3, inciso A, fracción 34, de la Constitución local. Este artículo establece que las alcaldías poseen la facultad de ejecutar programas de desarrollo social dentro de sus territorios, pero deben hacerlo conforme a las políticas y lineamientos que dicte el Gobierno de la Ciudad de México.

 

“Las alcaldías, de acuerdo con la Constitución, tienen claramente la atribución de realizar programas sociales en sus demarcaciones territoriales, siguiendo los lineamientos del gobierno capitalino”, subrayó Batres.

 

La Nueva Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social

La discusión sobre la nueva ley ha generado tensiones entre los legisladores de Morena y del bloque del PAN-PRI-PRD. Mientras que el grupo de Morena argumenta que la ley busca evitar la duplicidad de esfuerzos y optimizar recursos al coordinar los programas sociales entre el gobierno central y las alcaldías, la oposición percibe esto como un intento de centralizar el poder y limitar la autonomía de las alcaldías en la creación y gestión de estos programas.

 

El debate ha puesto de manifiesto las diferentes visiones políticas sobre cómo debe ser la administración y la distribución de los servicios sociales en una de las ciudades más grandes y complejas del mundo.

 

Este tema no solo es relevante por su impacto directo en los ciudadanos, que dependen en gran medida de estos programas para su bienestar, sino también porque redefine las relaciones entre el gobierno central y las alcaldías.

 

La aclaración por parte de Batres, busca tranquilizar a los ciudadanos y a los líderes de las alcaldías, reafirmando el compromiso de su administración con la gobernanza colaborativa y el respeto a las estructuras constitucionales existentes.

 

En un momento en que la transparencia y la confianza en las instituciones públicas son más críticas que nunca, la claridad proporcionada por el Jefe de Gobierno es un paso esencial para asegurar a los ciudadanos que los mecanismos de ayuda y desarrollo social seguirán siendo accesibles y eficientes.

 

Con las elecciones en el horizonte y la continua evolución de la dinámica política de la CDMX, el manejo de estos temas será crucial para la estabilidad y la prosperidad futuras de la capital.