En un movimiento sin precedentes, el gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha presentado una demanda formal contra México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya. La controversia se centra en el asilo político otorgado por México a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, que actualmente enfrenta múltiples cargos por corrupción.
El origen del conflicto se remonta al 17 de diciembre de 2023, cuando Jorge Glas buscó refugio en la embajada de México en Quito, alegando persecución política. México concedió asilo a Glas a principios de abril, lo que desencadenó una serie de eventos diplomáticos tensos, culminando en una operación policial ecuatoriana dentro de la embajada mexicana para detener a Glas, lo que fue ampliamente criticado por violar tratados internacionales y agredir al personal diplomático.
El gobierno de Noboa acusa a México de interferir en los asuntos internos de Ecuador y de violar obligaciones internacionales al otorgar asilo a una persona con condenas por delitos comunes. Además, las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han sido calificadas por Ecuador como “injuriosas”, agregando más leña al fuego del conflicto bilateral.
Por su parte, México ha respondido con una demanda propia ante la CIJ, alegando que Ecuador violó el derecho internacional y un tratado de las Naciones Unidas sobre relaciones diplomáticas al realizar la incursión armada en su embajada. Esta semana, la CIJ escuchará los alegatos de ambos países, comenzando con México el martes y seguido por Ecuador el miércoles.
Mientras tanto, en Ecuador, un tribunal ha dictaminado que la detención de Glas fue ilegal, aunque debe permanecer en prisión debido a sus condenas anteriores. El equipo legal de Glas ha anunciado que apelará esta decisión.
Esta disputa no solo ha desencadenado una crisis política entre Ecuador y México, sino que también ha captado la atención internacional por sus implicaciones en la diplomacia y el derecho internacional. La comunidad internacional está atenta a la resolución de este conflicto en la CIJ, que podría sentar precedentes en el manejo de asilos políticos y la protección de las sedes diplomáticas.
