A un día del segundo debate de candidatos a la Jefatura de Gobierno, se presentaron en conferencia de prensa nuevos avances sobre el caso de la constructora que afectó el túnel de la Línea 12 del Metro, obra irregular relacionada con el Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez y que ha sido señalado como culpable; donde los ojos de la autoridad, también están puestos sobre el ahora candidato Santiago Taboada.
Fue el 14 de marzo cuando este incidente en la alcaldía Benito Juárez, causó la perforación de un túnel de la interestación Eje Central-Parque de los Venados de Línea 12 del Metro, y hoy está dando nuevas revelaciones. Evento que ha desencadenado una serie de investigaciones y medidas por parte de diversas autoridades gubernamentales.
El incidente fue inicialmente señalado por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, quien destacó la gravedad de la situación, informando que una obra autorizada por la alcaldía Benito Juárez fue responsable de la perforación.
Desde el inició, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó cartas en el asunto, solicitando la documentación pertinente a las autoridades de la demarcación, la cual tardó en entregar la información requerida, y cuando finalmente lo hizo, surgieron dudas sobre la autenticidad y veracidad de los documentos entregados.
Ulises Lara, en representación de la FGJ, expresó su preocupación al encontrar indicios de que la documentación podría haber sido manipulada o alterada. Este hecho plantea serias preguntas sobre la transparencia y la gestión administrativa en la Alcaldía, por lo que habrá una investigación detallada y rigurosa.
“Estamos en condiciones de formular imputación en contra de una mujer y siete hombres”, señaló.
“Conforme a las investigaciones realizadas, en su calidad de servidores públicos en activo de la alcaldía Benito Juárez, así como el director General de Obras, corresponsable en Instalaciones y corresponsable en Seguridad Industrial, posiblemente otorgaron documentación de manera ilegal o apócrifa durante sus funciones en distintas formas de participación”, agregó.
La fiscalía ha formulado imputaciones contra varias personas, incluidos servidores públicos activos de Benito Juárez y particulares, por su probable participación en delitos de daño a la propiedad y ejercicio abusivo de funciones. Estas acusaciones subrayan las posibles consecuencias legales para aquellos involucrados en la supervisión y aprobación de proyectos de construcción que pueden poner en riesgo la seguridad pública.
Las investigaciones siguen en curso y la Fiscalía ha programado una audiencia inicial para el próximo 3 de mayo, ofreciendo a la defensa la oportunidad de conocer todas las actuaciones realizadas hasta la fecha. Este proceso judicial no solo busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, sino también establecer mecanismos para prevenir incidentes similares en el futuro.
Por su parte el jefe de gobierno, Martí Batres, resaltó que según el Artículo 32 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, es facultad de las mismas otorgar las manifestaciones de obra, las licencias de construcción, licencias de demolición, autorizaciones para fusión de predios, entre otras; y también cuidar, vigilar y sancionar sobre el debido cumplimiento de la normatividad al respecto.
Este caso es un recordatorio crítico de la necesidad de adherirse estrictamente a la normativa y procedimientos establecidos para la ejecución de obras públicas y privadas, especialmente aquellas que interfieren con infraestructuras existentes. Además, resalta la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, aspectos fundamentales para mantener la confianza ciudadana y asegurar la integridad de servicios esenciales como el transporte público.
En respuesta al incidente, el gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia, está comprometido en llevar a cabo una investigación exhaustiva. La finalidad no es solo castigar a los responsables, sino también implementar reformas que fortalezcan el marco regulador y de supervisión para la realización de obras en la ciudad, asegurando que tales eventos no se repitan.
