A tan solo un día del inicio de las campañas electorales en México, 10 candidatos federales de entre más de 60,000 aspirantes, han solicitado protección al Ejército y la Guardia Nacional. Este dato adquiere relevancia considerando que se han presentado actos violentos, atentados y asesinatos de candidatos en algunas entidades del país.
cuantifican por se están disputando 20,708 cargos en total.
La solicitud de seguridad personal se realiza mediante la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, una iniciativa que involucra a diversas instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Contrastando con esta cifra, el Laboratorio Electoral, dirigido por Arturo Espinosa Silis, revela que desde el 4 de junio de 2023 hasta la fecha, se han registrado 19 asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, formando parte de un total de 50 casos de violencia electoral en todo el país.
La seguridad de los candidatos se convierte en una prioridad, especialmente después de los 32 homicidios de candidatos a cargos públicos ocurridos en 2021, según un informe del INE elaborado por el Colegio de México.
En este contexto, el esquema de seguridad presentado por el INE incluye la colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Secretaría de Gobernación.
El análisis de riesgo realizado por la Guardia Nacional es un factor clave para determinar qué candidatos recibirán protección y en qué nivel. Se consideran aspectos como la incidencia delictiva en cada entidad y las amenazas personales recibidas o denunciadas por los candidatos.
En el caso de los aspirantes que buscan lugares en el Senado y la Cámara de Diputados, solo se proporcionará seguridad si se identifica un riesgo alto, basándose en amenazas previas.
El nivel de riesgo determinará la cantidad de elementos de seguridad y recursos asignados. Los candidatos con riesgo bajo contarán con un vehículo principal y dos elementos de la SSPC, aquellos en riesgo medio recibirán un vehículo principal, una camioneta de escolta, una patrulla de la GN y ocho elementos de seguridad. Los candidatos en riesgo alto serán protegidos por la Sedena con un vehículo principal, tres camionetas de escolta y 10 militares.
Es importante destacar que, hasta el momento, no se ha identificado una amenaza real o potencial contra los aspirantes gubernamentales. Este esquema de seguridad también se aplicará a la planta laboral del INE en los 32 estados del país, si llegara a ser necesario.
Recientemente dio a conocer sobre la denuncia de un atentado con arma de fuego contra Gabriel Orantes Villatoro, aspirante de Morena a la alcaldía de San Fernando, Chiapas. Este incidente subraya la importancia de abordar la seguridad de los candidatos en un contexto electoral marcado por la violencia y las amenazas.
Ante esta realidad, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, subrayó la importancia de mantener la seguridad de los candidatos, especialmente en zonas del país consideradas de riesgo; sin embargo, enfatizó que como organización política, Morena no puede garantizar la seguridad de las personas que participan en las elecciones y llamó a los candidatos a comunicar cualquier amenaza o temor para poder colaborar con las autoridades.
La inseguridad en el proceso electoral es un desafío que requiere atención inmediata y la implementación de esquemas de seguridad efectivos se presenta como una medida crucial para garantizar la integridad de los candidatos y la transparencia en el proceso democrático.
