De acuerdo con la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, la Cuarta Transformación no es tan honesta como pregonan.
En un mitin celebrado en la Plaza de los Mártires, Toluca, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza opositora, aseguró que de ganar las elecciones presidenciales, una de sus primeras acciones será investigar a Mario Delgado, actual dirigente de Morena, por su supuesta implicación en un esquema de corrupción aduanera conocido como “Huachicol fiscal”.
Esta acusación sugiere un profundo conflicto en las estructuras gubernamentales relacionadas con la administración de aduanas y el manejo de recursos públicos.
Gálvez, firme en su discurso, declaró que la “fiesta de los corruptos” llegaría a su fin bajo su administración. Haciendo eco de sus declaraciones en el último debate presidencial, la candidata reiteró su intención de investigar lo que describió como un “desfalco millonario” en la aduana de Reynosa, Tamaulipas, alegando que estos actos han financiado campañas políticas de Morena.
Según Gálvez, este esquema ha costado al erario público mexicano 700 mil millones de pesos, equivalente a la entrada ilegal de 150 millones de barriles de gasolina sin el pago de impuestos correspondientes.
Gálvez retó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a desmentir las cifras que ella presentó, destacando un supuesto ingreso ilegal y masivo de gasolina que ha evadido la tributación adecuada. Esta situación, según la candidata, ha tenido un impacto directo en la disponibilidad de fondos para servicios públicos esenciales, como la salud y la educación, además de haber influido en el recorte de presupuestos a municipios.
Implicaciones Políticas y Económicas
El caso mencionado por Gálvez no solo pone de relieve las acusaciones de corrupción en niveles altos del gobierno, sino que también subraya la complejidad y los retos que enfrenta el sistema aduanero mexicano. Si estas acusaciones resultan ser ciertas, podrían tener profundas repercusiones en la confianza pública hacia las instituciones gubernamentales y en la efectividad de la lucha contra la corrupción en México.
Mario Delgado ha negado estas acusaciones, calificándolas como parte de una campaña de difamación política, sin embargo, el desafío de Gálvez al SAT para que refute públicamente las cifras sugiere una estrategia de confrontación que busca no solo clarificar los hechos, sino también fortalecer las instituciones responsables de la fiscalización y la transparencia.
Esta promesa de Gálvez llega en un momento crítico, justo antes de las elecciones, donde la corrupción ha sido un tema central en las campañas de todos los candidatos.
Las acusaciones contra Delgado y la respuesta del SAT serán cruciales para definir la agenda política y la credibilidad de los involucrados en los días previos a que los ciudadanos acudan a las urnas.
