Ciudad de México/ Ciudad de Guatemala / San Salvador / Tegucigalpa/ Panamá – En México y América Central la desaparición de personas continúa siendo una de las consecuencias humanitarias más devastadoras: se desconoce el paradero de miles de personas y el número de casos aumenta debido a, entre otros, situaciones de violencia, migración y desastres, sumándose a desapariciones que ocurrieron en el pasado, incluidos conflictos armados.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, conmemorado cada 30 de agosto, la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central reitera su llamado a los Estados a asumir su responsabilidad de prevenir y resolver las desapariciones, y de garantizar que las familias tengan una respuesta integral y coordinada a las múltiples necesidades que surgen tras la desaparición de un ser querido, incluidas las económicas, jurídicas y psicosociales, a las que se suma la angustiante incertidumbre de no conocer su paradero.
“No estamos haciéndoles un favor, es una obligación legal, una deuda con ellos, con todos nosotros. La desaparición de una persona es un golpe devastador. Pero lo que más duele, lo que impide seguir adelante, es la falta de respuestas. Una familia necesita saber dónde está su ser querido y qué le ha sucedido, para aliviar su sufrimiento. Esa necesidad no cambia con el tiempo, al contrario: se profundiza, y las autoridades tienen la obligación de garantizar su derecho a saber y tomar medidas para prevenir su repetición”, señaló Jérémy Renaux, coordinador regional del programa de personas desaparecidas y sus familias del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central.
En México, más de 130.000 personas se encuentran registradas como desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales. En Guatemala, al menos 45.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996 y según la Policía Nacional Civil, cada año desaparecen 2,964 personas en promedio. En El Salvador, se estima que entre 8.000 y 10.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado de 1980 a 1992 y según datos divulgados por la Presidencia, entre 2015 y el primer semestre de 2025 se registraron 9.465 desapariciones. En Honduras, se han reportado 10.763 desapariciones entre 2012 y 2023.
“Cada día, no solamente se agregan nuevos nombres en la lista de personas desaparecidas, también miles de familias siguen padeciendo de la ausencia de sus seres queridos. Esta herida abierta demuestra que la desaparición no es un tema del pasado, sino una tragedia humanitaria muy vigente. La falta de cifras homologadas en los países centroamericanos y el subregistro de casos en la región nos lleva a concluir que en realidad son muchas más las personas desaparecidas. Todas ellas tienen el derecho a ser buscadas, sin importar las circunstancias de su desaparición o el tiempo transcurrido”, agregó Renaux.
En paralelo, aumenta la necesidad de regresar la identidad de las personas fallecidas no identificadas y restituirlas a sus familias, muchas de las cuales siguen esperando una respuesta.
La responsabilidad de la búsqueda no debe recaer en las familias, quienes hacen todo cuanto está en sus manos por encontrar a sus seres queridos. Los Estados deben adoptar medidas concretas para cumplir con sus obligaciones en materia de prevención, búsqueda, localización, recuperación, identificación y restitución, incluida la atención digna. Así como eliminar las causas estructurales que originan las desapariciones.
Esto implica crear o fortalecer marcos jurídicos nacionales, mejorar las capacidades forenses, asegurar el acceso a información confiable y abrir espacios formales para el diseño participativo de la política pública. También supone promover la coordinación entre instituciones públicas, organizaciones civiles y asociaciones de familiares y otros actores involucrados. Cada búsqueda debe considerar las características específicas de cada caso, y usar todas las herramientas posibles para hacerla más efectiva. Finalmente, se requiere voluntad política para dotar a las instituciones competentes de los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios.
“Se necesita una respuesta integral y coordinada, en la que cada autoridad asuma sus obligaciones y ponga a las personas afectadas en el centro”, enfatizó Jérémy Renaux.
Desde su mandato humanitario, el CICR en la región enfoca sus esfuerzos en brindar la asesoría técnica a los Estados para prevenir nuevas desapariciones y crear o fortalecer mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. Al mismo tiempo, acompaña a sus familias, promoviendo la consulta y participación de las mismas en todos los procesos que las conciernen, en particular los procesos de búsqueda .
“La desaparición de personas es una tragedia que nos interpela como sociedad. La empatía y la solidaridad son claves para contrarrestar la estigmatización y el aislamiento que enfrentan con frecuencia las familias”, indicó Renaux.
Información Comite Internacional de la Cruz Roja. ORG
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