La fallida detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en la Ciudad de México, ha desatado una tormenta política que revela tensiones y viejas heridas dentro de la política mexicana. Corral, quien ha sido un crítico abierto de la corrupción en Chihuahua, especialmente durante la administración del exgobernador priista César Duarte, ahora enfrenta lo que muchos consideran una persecución política por parte de sus antiguos adversarios, encabezados por la actual gobernadora, María Eugenia Campos.
La noche del 14 de agosto de 2024, elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral mientras cenaba en un restaurante en la Ciudad de México, pero la intervención del fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara López, frustró la operación. Según Lara, los agentes de Chihuahua no contaban con un oficio de colaboración válido que les permitiera actuar en la capital del país, lo que llevó al fiscal a intervenir y evitar lo que él consideró una acción ilegal.
Corral, ahora alineado con Morena y colaborador cercano de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha denunciado que este intento de detención es una represalia política, orquestada por Maru Campos en colaboración con César Duarte. Corral sostiene que la gobernadora de Chihuahua busca evitar que tome protesta como Senador, utilizando la justicia como una herramienta para silenciarlo.
Raíz de la persecución: La corrupción en la administración de César Duarte
Javier Corral, durante su mandato como gobernador de Chihuahua de 2016 a 2021, dedicó gran parte de sus esfuerzos a desmantelar la red de corrupción que, según él, había sido tejida por César Duarte durante su administración. Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, dejó el estado sumido en deudas y enfrentó múltiples acusaciones de enriquecimiento ilícito, peculado y desvío de recursos públicos.
Corral lanzó el operativo “Justicia para Chihuahua”, con el cual se lograron investigaciones y pruebas que llevaron a la solicitud de una ficha roja de Interpol para la captura de Duarte. Finalmente, Duarte fue arrestado en Florida, Estados Unidos, en 2020, y extraditado a México en 2022, gracias a los esfuerzos coordinados entre el gobierno de Corral, la Fiscalía General de la República (FGR), y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); sin embargo, Corral ha denunciado que, una vez en el poder, Maru Campos actuó en complicidad con Duarte para liberarlo y exonerar a sus cómplices, permitiendo que continuaran las prácticas corruptas en el estado.
Operación Safiro y la “Nómina Secreta”
Uno de los casos más emblemáticos que Corral destapó durante su gobierno fue la “Operación Safiro”, una trama de corrupción en la que se desviaron recursos del erario público de varios estados, incluyendo Chihuahua, para financiar campañas electorales del PRI. Según las investigaciones, cerca de 650 millones de pesos fueron canalizados a través de empresas fantasma para apoyar a candidatos priistas en diversos estados.
Además, Corral reveló la existencia de la “Nómina Secreta”, un esquema mediante el cual funcionarios del gobierno de César Duarte recibían pagos clandestinos, financiados con dinero público, a cambio de lealtad política. Según Corral, Maru Campos, entonces alcaldesa de Chihuahua y ahora gobernadora, también estaba involucrada en este esquema y recibió sobornos para garantizar su apoyo al exgobernador Duarte.
¿Persecución o justicia?
La detención fallida de Javier Corral ha generado una ola de reacciones en el ámbito político. Martha Tagle, fundadora de Movimiento Ciudadano, expresó su apoyo a Corral, calificando el intento de detención como “un episodio de la venganza de Duarte y Maru Campos”. Según Tagle, la persecución tiene como objetivo impedir que Corral rinda protesta como senador, lo cual, según ella, demuestra el miedo que le tienen por haber expuesto la corrupción en Chihuahua.
Por su parte, Laura Ballesteros, diputada electa por Movimiento Ciudadano, también criticó el uso de la justicia como herramienta de persecución política. En un mensaje en redes sociales, Ballesteros afirmó: “El escándalo es que se sigan armando expedientes desde el poder para encarcelar adversarios. La persecución en contra de Javier Corral es inadmisible en un país que pide justicia”.
El investigador Carlos Pérez Ricart y el periodista Ricardo Raphael también se pronunciaron en contra del intento de detención. Pérez Ricart calificó la acción como una “canallada desesperada” por parte de la gobernadora Campos, mientras que Raphael la describió como “un acto muy ilegal de la muy corrupta Maru Campos Galván”.
¿Venganza del PRI?
La pregunta que muchos se hacen es si esta persecución es una venganza del PRI, ejecutada a través de sus aliados en el PAN, como Maru Campos. Durante su mandato, Javier Corral no solo se enfrentó a Duarte, sino también al PRI en su conjunto, al exponer los esquemas de corrupción que sostenían al partido en el poder. La liberación de Duarte y la persecución contra Corral parecen ser, según sus seguidores, un intento de borrar su legado y enviar un mensaje a quienes se atrevan a desafiar a las estructuras de poder establecidas.
A medida que se acerque la fecha en la que Corral debe asumir su cargo como senador, la atención seguirá centrada en Chihuahua y en la Ciudad de México, con la esperanza de que la justicia prevalezca y que las vendettas políticas no se impongan sobre el Estado de derecho. La historia de Javier Corral es, en última instancia, la historia de un político que decidió enfrentar al sistema, y ahora enfrenta las consecuencias de su decisión en un entorno donde la lucha por el poder no conoce límites.
