El Senado de la República dio a conocer que esta semana, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos tienen previsto aprobar una reforma secundaria que incorpora agentes investigadores para supervisar y sancionar posibles abusos, corrupción o faltas administrativas cometidas por jueces, magistrados y ministros. Estas modificaciones se enmarcan en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, acompañadas de reformas a leyes relacionadas con responsabilidades administrativas.
Nuevas figuras para un Poder Judicial vigilado
Una de las principales innovaciones es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que será responsable de vigilar el comportamiento ético y el desempeño profesional de los juzgadores. Este órgano contará con una estructura apoyada por agentes investigadores, cuyas funciones abarcarán desde recolectar pruebas hasta coordinarse con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para indagar posibles irregularidades financieras.
En palabras de Luis Alfonso Silva Romo, secretario de la Comisión de Justicia, “esta reforma busca fortalecer la confianza ciudadana en el Poder Judicial, haciendo énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas. Los agentes investigadores serán profesionales altamente capacitados para garantizar imparcialidad en sus investigaciones”.
Objetivos de la reforma
La nueva normativa apunta a establecer reglas claras para prevenir irregularidades y actuar en caso de quejas interpuestas contra funcionarios judiciales. Entre las funciones del Órgano de Investigación, destacan:
- Recolección de indicios y pruebas para esclarecer los hechos denunciados.
- Colaboración con organismos externos para obtener información contable y financiera relevante.
- Llamados a comparecer y apercibimientos a personas clave para las investigaciones.
- Medidas preventivas para preservar evidencias.
Estas medidas buscan crear un entorno más controlado y ético dentro del sistema judicial, garantizando que las conductas inapropiadas sean tratadas con severidad.
Posturas de los legisladores
Durante las sesiones previas a la votación, se generó un intenso debate entre los senadores. Mientras el bloque de Morena defendió las reformas como un paso necesario para robustecer el Estado de derecho, algunos legisladores de la oposición mostraron reservas respecto a la implementación de los agentes investigadores.
El senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, expresó: “Aunque coincidimos en la necesidad de un Poder Judicial más transparente, nos preocupa que estas reformas puedan dar pie a una supervisión excesiva que comprometa la independencia judicial”. Por su parte, Citlalli Hernández, senadora de Morena, subrayó: “La independencia judicial no debe ser excusa para tolerar actos de corrupción. Este es un llamado a que los juzgadores sean ejemplo de probidad”.
Aspectos técnicos de la reforma
La nueva Ley Orgánica mantiene un 80% de similitudes con la legislación vigente, pero introduce elementos que buscan adaptarse a las demandas sociales actuales. Entre los cambios más relevantes se encuentran:
- Elección popular de ministros: Una propuesta controversial que redefine la forma en que se seleccionan los miembros de la Suprema Corte.
- Creación del Tribunal de Disciplina Judicial: Este órgano centralizará la vigilancia administrativa y ética de los juzgadores.
- Ampliación de facultades investigativas: Los agentes podrán solicitar información de diversas fuentes, como registros financieros, para asegurar investigaciones exhaustivas.
Aunque los detalles de la reforma aún están en proceso de aprobación, fuentes dentro del Poder Judicial han manifestado inquietudes. Un magistrado que prefirió no ser identificado comentó: “Si bien estamos de acuerdo en que el sistema requiere ajustes, es crucial que las nuevas disposiciones no comprometan la independencia de los juzgadores ni generen persecuciones políticas”.
Según los planes del Senado, se espera que la reforma sea votada en el pleno antes de finalizar el año. Posteriormente, la Cámara de Diputados revisará y aprobará el dictamen. De ser así, las nuevas reglas del Poder Judicial podrían entrar en vigor en 2025, marcando el inicio de un modelo más regulado y con mayor supervisión.
La incorporación de agentes investigadores representa un esfuerzo por transformar el sistema judicial mexicano en uno más transparente y confiable. Sin embargo, las voces críticas subrayan la necesidad de equilibrar la vigilancia con la protección de la independencia judicial. En este contexto, el debate no solo se centra en los cambios técnicos, sino en cómo estos impactarán la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho.
Con esta reforma, el Senado busca enviar un mensaje claro: los actos de corrupción no serán tolerados en ninguna instancia de gobierno. Queda por ver cómo estas nuevas disposiciones se implementarán y si lograrán cumplir con las altas expectativas que han generado.
