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En un fallo sin precedentes, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha declarado que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, ex candidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de México.
Este hecho resalta una problemática creciente en la arena política del país, donde el discurso y las dinámicas de poder son constantemente evaluados bajo la lupa de la ética y la legalidad.
Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia argumentando que el presidente realizó comentarios perjudiciales hacia ella en 11 conferencias matutinas. Según Gálvez, estas declaraciones constituyen un caso claro de violencia política, basada en género. El TEPJF revisó las acusaciones y las evidencias presentadas, concluyendo finalmente en su veredicto.
El tribunal especificó que los comentarios del presidente sugirieron que Gálvez obtuvo su candidatura no por sus méritos, sino por decisión de “un grupo de personas con poder político que la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo”.
La afirmación, según el tribunal, buscaba causar simpatía entre el electorado al tiempo que reforzaba un estereotipo de inferioridad o dependencia, particularmente problemático dado el carácter indígena y de mujer de Gálvez.
La resolución detalló que estas acciones del presidente “configuran violencia simbólica con el objeto de menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos”. A pesar de que la ley actual impide sancionar al presidente por faltas en materia electoral, la acreditación de su responsabilidad es un paso significativo en la defensa de los derechos políticos y la igualdad de género en México.
La decisión del TEPJF no solo es un testimonio de la lucha contra la violencia de género en política, sino que también pone de manifiesto las tensiones existentes dentro del espectro político mexicano. Mientras que algunos sectores de la sociedad y políticos han aplaudido el fallo como un avance hacia una política más equitativa y respetuosa, otros critican lo que consideran una injerencia excesiva en la libertad de expresión política.
Este fallo podría tener repercusiones significativas para cómo se conducen las campañas electorales en México. Se espera que el caso de Xóchitl Gálvez sirva como un precedente importante para futuras contiendas, donde la retórica empleada en las campañas será analizada no solo por su efectividad, sino también por su adherencia a principios éticos y legales.
A pesar de que la resolución no conlleva una sanción directa contra el presidente debido a las protecciones legales de su cargo, el fallo es un claro mensaje para todos los actores políticos sobre la importancia de mantener un discurso respetuoso y libre de discriminación.
Este evento marca un punto de inflexión en la política mexicana, subrayando la importancia del respeto y la equidad en todas las esferas del debate público.
